08 dic. 2025

Juez devuelve imputación a repartidor al considerar que caso fue defensa propia

31609317

Despedido. Hubo disparos en el sepelio de Jonatan Franco.

GENTILEZA

El juez de Garantías, Rolando Duarte, devolvió la imputación fiscal contra un repartidor que estaba preso por matar a un presunto asaltante el pasado jueves. Consideró que el hecho fue en defensa propia, por lo que dispuso su libertad.

La resolución favorece a Carlos Alberto Garcete Calastra, quien había sido asaltado, junto con su compañero Daniel Martínez, por dos personas. En el caso falleció Jonatan Ariel Franco Galeano, uno de los atacantes.

La fiscala Laura Finestra le imputó por homicidio doloso por excitación emotiva, con pena de hasta 5 años, y por el artículo 95 de la 4036/10 de la Ley de Armas.

Al leer la imputación, el juez halló que cuando los sujetos asaltaron a su compañero, Garcete fue a su camión y tomó un revólver. Al llegar, los asaltantes, que estaban armados, le apuntaron con sus armas y gatillaron, pero estas no percutieron. El hombre giró la cabeza y disparó al aire sin mirar, luego subió a su camión y escapó con su ayudante. El disparo que hizo mató a Franco Galeano.

El juez considera que lo que hizo Garcete fue defenderse, ya que quisieron matarlo con sus armas que no se dispararon. Además, el artículo usado para la Ley de Armas está derogado. Así dice que fue defensa propia y devolvió la imputación. También ordenó la libertad.

Más contenido de esta sección
Pese a declararse inocente, el juez condenó a Edwin López Cattebeke, ex director general de Administración y Finanzas, a 2 años de prisión con suspensión. También deberá pagar G. 50 millones como reparación del daño particular y G. 10 millones por reparación del daño social. Sus acciones permitieron desembolsos irregulares en pandemia.
En dos causas ya se aprobó la extradición de Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo de Perú, líder del grupo Los Injertos del Cono Norte, considerado como uno de los hombres más peligrosos de la región. Queda pendiente un tercer pedido en Paraguay para que se concrete su ida al Perú. Es requerido por secuestros, extorsión, homicidio y robo agravado.
Tras meses de investigación, la Comisión de la mafia de los pagarés del Senado continúa asistiendo a alrededor de 6.600 víctimas, que acumulan en promedio ocho embargos cada una. El 87% de los afectados provienen del interior y deben recorrer largos kilómetros para seguir en Asunción o Central sus juicios ejecutivos. “Se vulneran totalmente la libertad y los derechos”, afirmaron.
El ujier Alfredo Benítez, quien está imputado y admitió estar en la trama de pagarés, aparece con fuertes aliados políticos. El funcionario judicial pidió obtener la suspensión condicional del procedimiento y estar fuera de la causa por haber colaborado con la Fiscalía.