El imputado profesional del Derecho Óscar Tuma estuvo acompañado para la audiencia de imposición de medidas por sus abogados defensores Diego Sebastián Mayor, Víctor González Monges y Julio César Ferreira Santacruz.
En la diligencia, el juez tipificó el caso del encausado como presunto lavado de activos, previsto en el Código Penal, e hizo lugar a la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva, solicitada por el Ministerio Público.
Como condiciones, Tuma debe comparecer de forma trimestral entre el 1 y el 5 del mes correspondiente ante este juzgado, a fin de firmar el libro de comparecencia; tiene la obligación de residir en el domicilio ubicado en el Barrio Obrero, de Asunción, que no podrá cambiar sin autorización del Juzgado.
Asimismo, tiene la prohibición de salida del país, sin previa autorización de este juzgado de garantías, y de no contactar con los coimputados, bajo ningún medio de comunicación (mensajes, llamadas, redes sociales, etc.), bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento de las medidas impuestas, serán revocadas y se ordenará su prisión preventiva.
Además, el imputado tiene una caución real hasta cubrir la suma de G. 400 millones, sobre un inmueble de propiedad del abogado procesado.
En el caso, a más de Tuma, los fiscales José Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Gómez también imputaron a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio Lalo Gomes, y a la funcionaria de Registros Públicos Alcira Rodríguez, por supuestamente alterar los datos en Registros Públicos, con el fin de permitir la venta de bienes del encausado en el caso Pavo Real II.
La coprocesada Rodríguez también tiene medidas alternativas a la prisión, dispuestas por el mismo magistrado
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Según los fiscales, el 19 de agosto de 2024, el juez Osmar Legal decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes, así como el embargo y bloqueo de todos los bienes de Alexandre Rodrigues Gomes, debido a sospechas de lavado de activos.
Después, el 21 de agosto de 2024, Alcira Celeste Rodríguez Flores, presuntamente, accedió de manera indebida al sistema informático de los Registros Públicos y alteró los datos de Alexandre Rodrigues Gomes, haciendo “desaparecer” la inscripción de la medida cautelar.
Los agentes alegan que tras esta alteración, el 23 de mayo de 2025, Alexandre Rodrigues Gomes pudo transferir cuatro inmuebles de su propiedad a su abogado, Óscar Tuma, como pago de honorarios profesionales. Los inmuebles están valuados en G. 600.000.000, G. 300.000.000, G. 200.000.000 y G. 600.000.000.
Dicen que Tuma tenía pleno conocimiento de las medidas cautelares que pesaban sobre Alexandre Rodrigues Gomes, ya que había apelado la resolución judicial que las dictaba.
Finalmente, apuntan que la transferencia de estos bienes se considera un intento de frustrar su eventual comiso, ya que se presume que son producto de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.
