El crimen de la pequeña ocurrió en la ciudad de Abaí, Departamento de Caazapá. La mamá salió a buscar a otro hijo suyo de un cumpleaños y al volver se encontró con la petrificante escena, el cuerpo de su hija sin vida en la cama: ¿Qué devela este hecho?
“Caazapá, donde se encuentra la comunidad indígena donde vivía la niña, es uno de los departamentos que presenta mayor índice de pobreza”, comenta Claudia Sanabria, especialista en Derechos de la Niñez y comisionada del Mecanismo de Prevención de la Tortura (MNP).
Poniendo el foco en la infancia, existe un Mapa de Desprotección, que revela que en Caazapá la mayoría de los niños, niñas y adolescentes sufre desprotección: por violencia sexual o pobreza, según CDIA Observa.
También, el Instituto Nacional de Estadística (INE) expuso que en Abaí más de 2.782 familias con al menos una necesidad básica insatisfecha.
Una cultura “lejos de ser humana”
Sanabria expone que las comunidades indígenas arrastran discriminaciones acumulativas, más cuando se trata de acceso a condiciones de vida, apoyo familiar y acompañamiento.
“Si existen políticas públicas en el territorio (salud, educación, empleo, vivienda) no llegan a las familias indígenas”, dice.
Eso, ¿por qué? Por la escaza pertinencia cultural. Una política pública debería contemplar el total de la población en un territorio.
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“Es inevitable mencionar, cuando hablamos de comunidades indígenas, el proceso de exclusión y desigualdad al cual están sometidos, empujados por el avance de las políticas económicas que las van dejando empobrecidas y relegadas”, lamenta la experta.
“Cuando ocurre un hecho de abuso sexual se está ante la expresión máxima de ausencia de protección para la infancia, se observa que muchos otros factores protectores no han estado presentes”.
Y, ¿qué pasa con la niñez y la adolescencia indígena? La situación de ellos es más grave, porque enfrentan una condición de mayor vulnerabilidad por la pobreza en la cual están sumidas sus comunidades.
Por otro lado, el desarrollo “los rodea” pero no ofrece oportunidades para incluirlos en él, desde su perspectiva y su sentir, sostiene Sanabria.
La responsabilidad del Estado
El también comisionado del MNP Óscar Ayala Amarilla habla de una “desestructuración familiar y comunitaria”, que se suman a la falta de educación, salud y oportunidades que tienden a generar “entornos de mucha vulnerabilidad”, donde incluso está la violencia.
Él refiere que el Estado es indirectamente responsable, por esa falta de políticas de protección y desarrollo de las comunidades, “situación que ha empujado a numerosas comunidades indígenas a la marginación, el alcoholismo y el consumo de otras drogas”.
En este punto coincidió Claudia Sanabria, quien al consultarle si cuáles son las instituciones que deben velar por estos pueblos, insistió que es el Estado, así como todas las organizaciones. “Muchas veces se habla solo del INDI (Instituto del Indígena), sin embargo, las personas indígenas son sujetos para los distintos órganos del Estado: Educación, salud, vivienda, trabajo, juventud”.
Sin embargo, muchas veces la población indígena solo recibe un “trato aparte”, como si fuera un asunto del INDI nada más.
“Esta forma de apartarlos de la esfera pública de la agenda de otros órganos del Estado, de las políticas, es lo que coadyuva a dejarlos más vulnerados”, lamenta.
¿Cómo se debería proteger a la niñez indígena?
Sanabria menciona que según el Código de la Niñez y la Adolescencia, se debería contar –a más de 20 años de que se adoptó– con un Sistema Nacional de Promoción y Protección de derechos de la infancia, con normas jurídicas, políticas orientadas a niñez, instituciones.
“Hablando de Caazapá, en el territorio se debería contar con una Secretaría Departamental de Niñez que impulse políticas de protección, igualmente, en el municipio de la Comunidad de Abaí debe actuar la Codeni de manera promocional y preventiva”, dice.
Revela que cuando hay una niña sola, una familia monoparental desprotegida, con más razón, hacer un seguimiento y dar intervención para acompañar, orientar, prevenir.
“Cuando ocurre un hecho de abuso sexual se está ante la expresión máxima de ausencia de protección para la infancia, se observa que muchos otros factores protectores no han estado presentes”, analiza.
