El juez penal de garantías Osmar Legal defendió su actuación tras realizar una denuncia sobre el caso del fallecido diputado Eulalio Lalo Gomes, explicando que se enmarca dentro de las obligaciones legales tras la pericia realizada al celular del ex legislador.
“El artículo 284 (Código Procesal Penal) es el que le da facultad a la denuncia, y el artículo 286 obliga a hacer dicha denuncia cuando uno tiene el conocimiento de un hecho punible. Yo creo que eso estaba por demás claro, al conocer un hecho que tendría relevancia penal, cualquier funcionario tiene la obligación de denunciar, más aún siendo juez”, señaló en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
Legal salió al paso de los dichos del abogado Óscar Tuma, representante legal de la familia Gomes, que cuestionó que haya salido a la luz solo una parte del contenido del teléfono del legislador fallecido.
Sepa más: Mediación en secuestros y nexos con el poder: Tuma pide sacar a luz todos los chats de Lalo Gomes
🔴 ¿Hay más chats del teléfono del fallecido diputado 'Lalo' Gomes que no fueron publicados?
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) February 4, 2025
🗣️ "De mi parte, se apartaron los hechos más relevantes. El Ministerio Público trabajará más en detalle sobre otros mensajes, quizás. Lo que hicimos nosotros fue, lo que objetivamente se… pic.twitter.com/OahDnWOiv2
Le puede interesar: Fiscalía abre una causa penal por chats de Lalo Gomes
El juez aclaró que los datos que fueron entregados a la Fiscalía no guardan relación con la investigación a la familia Gomes por lavado de dinero y otros delitos, sino que se extrajeron “los hechos más relevantes” para que se pueda abrir otra carpeta de investigación.
Los datos obtenidos del dispositivo de Gomes –según la opinión de Legal– sugieren la comisión de hechos punibles como coima, tráfico de influencias y lavado de dinero.
Sostuvo, además, que todo lo relacionado al peritaje será puesto a disposición de la Fiscalía y de los abogados de los procesados.
El juez envió al Ministerio Público un informe de 40 páginas donde se detallan conversaciones, fotografías y audios que implican a miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, parlamentarios, jueces, fiscales e incluso comunicadores.
Entre los involucrados se encuentran el diputado Orlando Arévalo, las fiscalas Katia Uemura y Stella Mary Cano, y la jueza Sadi Estela López.
