El acto de protesta se realizó luego del mediodía de este miércoles frente al Palacio de Justicia de la capital, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
El juez Carlos Hermosilla manifestó que el reajuste salarial que estaba previsto para la magistratura nacional se vio afectado con el rechazo de la Comisión Bicameral de Presupuesto al aumentazo de G. 5 millones de diputados y senadores.
El magistrado explicó que estuvieron trabajando muy esperanzados desde abril pasado en ello, con el apoyo inédito de la Corte Suprema de Justicia, que incluyó en su proyecto presupuestario el incremento de salario.
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“Lo llamamos reivindicación histórica del salario de la magistratura nacional debido a que en 10 años no se ha tenido una variación en positivo. Pasaron más de 10 años y el costo de vida subió en forma exponencial, los índices que el Banco Central del Paraguay hablan de una inflación del 42,5% en los últimos 10 años. Nuestro dinero vale 57,5% nomás en cuanto al valor adquisitivo”, acotó.
De acuerdo con Hermosilla, el grupo de jueces se habían reunido con diputados y senadores para llegar a un acuerdo.
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Sin embargo, tras el rechazo de la adenda pertinente por la reacción de diferentes sectores, incluido el de la ciudadanía, contra el aumento a parlamentarios, se ven obligados a exponer su situación de esta manera para visibilizar sus trabajos.
“La tarea del Poder Judicial es sumamente importante, nada más y nada menos que resolver todos los conflictos que se suscitan”, argumentó en otro momento.
El juez Hermosilla también indicó que en 2023 funcionaron con el 1,8% del Presupuesto del Gasto de la Nación.
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“Con ello, la clase política deja de transferir al Poder Judicial 1,2%, que significa G. 600.000 millones. Con esa cantidad de dinero y ese porcentaje no tendríamos ninguna necesidad de pedir a parlamentarios”, espetó.
Insistió en que sus argumentos son sólidos y muy fuertes para obtener una respuesta favorable de la clase política, recordando que el artículo 249 de la Constitución Nacional establece la autarquía presupuestaria del Poder Judicial.
La Carta Magna contempla que en el Presupuesto General de la Nación se le debe asignar una cantidad no inferior al 3% del presupuesto de la Administración Central.
