En la sesión ordinaria del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), del día de ayer, se resolvió admitir una acusación sobre dos jueces y tres miembros del Tribunal de la ciudad de Yuty (Caazapá).
Se trata de los magistrados; Miguel Ángel Riquelme, juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Yuty; y Evelyn Rosana Martínez Talavera, jueza de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia de la ciudad de Yuty. Además, Édgar Adrián Urbieta, Margarita Miranda Brítez y Guido Ramón Melgarejo, todos miembros del Tribunal de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial del Departamento de Caazapá.
Sobre Riquelme, se admitió la acusación y se corrió traslado, de conformidad al artículo 26 de la Ley 6814/21. En lo referente a Evelyn Martínez, el órgano admitió el primer, segundo y tercer hecho acusado, y, en consecuencia, corrió traslado.
Por último, en relación a los abogados, miembros del Tribunal; Édgar Urbieta, Margarita Miranda y Guido Melgarejo, Miembros del Tribunal de Apelaciones, Civil, Comercial Laboral y Penal, de la Circunscripción Judicial del Departamento de Caazapá, corresponde admitir el primer y segundo hecho acusado y, en consecuencia, correr traslado de la misma para que la contesten dentro del plazo establecido en la ley.
Contexto. En el distrito de Carlos Antonio López, Departamento de Itapúa, Plinio Pereira, ex gobernador del departamento, posee unas 380 hectáreas mecanizadas dedicadas a la plantación de soja. El valor del inmueble es de USD 4 millones (G. 30.000 millones al cambio actual).
Sin embargo, un empresario, apoyado con decisiones favorables de jueces y miembros del Tribunal de Caazapá, busca quedarse con el inmueble. Hasta el momento, logró ya unas medidas cautelares para que Pereira no siembre en su inmueble, con las consecuencias económicas que ello implica.
Acusaciones. A Riquelme se lo acusa de haber dado trámite a la demanda por medio de la providencia del 20 de abril del 2021, pese a que la parte actora no había cumplido con el pago previo de las tasas judiciales y ser incompetente en razón al territorio.
Se lo acusa también de haber decretado graves medidas cautelares sin fundar la decisión respecto al cumplimiento de los presupuestos genéricos necesarios conforme a lo que establece el artículo 693 del Código Procesal Civil.
Las acusaciones sobre Evelin Martínez, son las siguientes; se declaró incompetente para el caso, sin embargo, olvidó notificarlo a las partes en el plazo de un mes. En ese periodo de tiempo, dictó providencias, como la del 14 de febrero del 2023. Además, hizo una serie de consideraciones respecto a las medidas cautelares solicitadas por el actor y las concede.
Así también, el 27 de marzo del 2023, no hizo lugar a la excepción de defecto legal debido a la falta de boletas de tasas judiciales que es una exigencia.
Sobre los magistrados; Urbieta, Miranda y Melgarejo, los mismos desestimaron el recurso de nulidad interpuesto el 28 de noviembre del 2022. Además, declararon la competencia de la jueza Martínez para comparecer en la causa.
380 hectáreas dedicadas a la plantación de soja posee Pereira en Itapúa. Las mismas están ahora en litigio.
