En su sesión extraordinaria de este miércoles, el JEM resolvió aplicar el artículo 18 de la Ley 6814, que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos.
Por ello, se dio inicio al cómputo del plazo de 20 días hábiles para que los órganos constitucionales ejerzan en rol de acusador en el desempeño del juez Osmar Legal y de los fiscales Osmar Segovia, Elva Cáceres e Ingrid Cubilla en el operativo policial en el que murió el diputado Eulalio Lalo Gomes.
Una vez fenecido el plazo, que se cumplirá el próximo 18 de septiembre, el JEM podrá poner en marcha una investigación preliminar o un enjuiciamiento.
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“Nuestra ley nos obliga a esperar que transcurra los 20 días, en caso de que no haya una acusación particular de los representantes legales de la víctima. Pero, el artículo 18 de nuestra ley nos faculta a aplicar la oficiosidad cuando el hecho es grave, notorio o de interés público: Acá tenemos la muerte, tras un procedimiento, de un diputado nacional”, expresó el vicepresidente del JEM, Orlando Arévalo.
En caso de que los familiares de la víctima deciden presentar una acusación formal, Arévalo manifestó que el órgano extrapoder deberá replantear la decisión del JEM, “porque no tendría sentido esperar 20 días”, apuntó.
🔸 JEM resuelve iniciar el plazo legal para investigar a fiscales y jueces del caso Lalo Gomes
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) August 21, 2024
🔸 El plazo es de 20 días, se cumple el 18 de septiembre.
🗣 "Nosotros resolvimos iniciar el plazo legal para el análisis de lo acontecido. El Art. 18 de nuestra ley nos faculta a… pic.twitter.com/6XHJXlFf6H
Sobre la línea, afirmó que tanto los agentes del Ministerio Público como el juez especializado en crimen organizado pueden “tener la plena confianza de que se va a respetar el debido proceso y el derecho a la defensa. Tienen toda la garantía”.
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El legislador reiteró que buscan conocer la “verdad” sobre lo sucedido en la casa de su colega, ya que considera que existen cuestiones “muy significativas” en el procedimiento, como la realización en horario nocturno y la omisión de su condición de diputado nacional en el mandamiento de allanamiento.
“Nosotros queremos saber la verdad, no estamos acusando a absolutamente nadie. Tenemos la facultad de verificar el desempeño de fiscales y jueces”, manifestó.
Asimismo, resaltó que cuanto llegue el momento, tendrá que fundamentar su pedido de suspensión ante el colegiado, que finalmente tomará la decisión.
De acuerdo con su interpretación, los fiscales y policías podrían haber ingresado “por las buenas” en la residencia del legislador, porque el objetivo no era detenerlo, sino incautar equipos electrónicos.
“El uso de la fuerza es cuando hay mediación, cuando hay resistencia. Acá no sabemos si la fuerza fue implementada desde el principio, eso es lo que queremos saber. Estamos en busca de la verdad”, subrayó.
