06 mar. 2026

Jefe de Gabinete de Salud dimite tras ser imputado por “mafia de pagarés”

El abogado Luis Carlos Benítez Torres presentó este lunes su renuncia al cargo de jefe de Gabinete del Ministerio de Salud Pública (MSP) tras ser imputado junto a su esposa, Patricia Adriana Parodi, en la causa conocida como “la mafia de los pagarés”. La cartera estatal hizo lugar a su dimisión.

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Sospechas. El director junto a su esposa habrían operado.

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La cartera estatal emitió la resolución DGRRHH N° 1049, con fecha de esta jornada, 24 de marzo, por la cual acepta la renuncia de Luis Carlos Benítez, quien también este lunes presentó por nota su dimisión, informó NPY.

El ahora ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud Pública y su esposa aparecen como abogados de la Cooperativa San Cristóbal, promoviendo nada más que 28 demandas de preparación de acción ejecutiva, todas en un solo día, el 27 de octubre del 2022.

La primera irregularidad que ahora las autoridades alertan es que ambos son funcionarios públicos y no pueden ejercer como abogados a la par de sus cargos.

Lea también: Fiscalía busca determinar perjuicio económico a víctimas de la mafia de los pagarés

Parodi es oficial de Justicia, quien aparte de hacer intimaciones de pago y ejecutar mandamientos de embargo, también presentaba las demandas.

Recientemente, ella y su esposo fueron imputados como supuestos instigadores del prevaricato y por uso de documentos públicos de contenido falso.

La esposa, por su parte, fue procesada también por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, ya que habría falsificado documentaciones.

Más detalles: Mafia de los pagarés: Imputan a 63 personas, entre jueces y actuarios

En la misma causa, además, corrió la imputación contra cuatros jueces. Entre ellos Víctor Nilo Rodríguez, del Juzgado Recoleta; Nathalia Garcete Aquino, del Juzgado Catedral; Carmen Analía Cibils, del Juzgado La Encarnación; y a la ahora ex jueza Lilian González de Bristot, del Juzgado San Roque.

Los magistrados se encuentran procesados por uso de documentos públicos de contenido falso y prevaricato. Estos habrían firmado un total de 693 resoluciones en violación de la ley.

El último fin de semana fueron imputadas otras 63 personas en el marco de la investigación.

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