El documento presentado hace 13 años especifica una remuneración de G. 9.600.000, un depósito de G. 15 millones y un pagaré por cobrar por la suma de G. 20 millones.
En esa época tenía activos por G. 160 millones a través de sus actividades agropecuarias y G. 150 millones por su participación en una sociedad, cuya nominación no detalla. En total sus activos fueron de G. 565 millones y sus pasivos G. 50 millones, lo que dio como resultado un patrimonio neto de G. 515 millones.
En la siguiente declaración jurada, en el 2011, cuando asumió como fiscal general del Estado, estos montos crecieron.
Figura que sus actividades con la ganadería se duplicaron y alcanzaron G. 337.500.000 y de tener anteriormente un pagaré a cobrar por G. 20 millones pasó a tener a su favor por G. 120 millones, sin especificar la identidad del deudor.
Para entonces, su remuneración pasó a poco más de G. 20 millones, aunque aparecen otros G. 5 millones como honorario sin especificar la actividad. Los valores totales arrojan que entre el 2007 y 2011 su patrimonio neto creció 46,9%.
La última declaración jurada de Díaz Verón que aparece en la página de la Contraloría General de la República es del 2015. En esa actualización su remuneración subió a casi G. 34 millones, más G. 1.200.000 que recibía mensualmente como docente, en tanto que la actividad ganadera tuvo un nuevo salto y se posicionó en G. 375 millones.
En el documento se observan que los activos totales ascendieron a G. 1.150 millones, mientras que los pasivos fueron de G. 185 millones, quedando como patrimonio neto G. 965 millones.
Estos montos muestran un incremento del 104% en sus activos, 270% en sus pasivos y 87,4% en su patrimonio en ocho años, desde que ingresó al Ministerio Público como fiscal adjunto hasta que asumió como máxima autoridad de la institución.
Cuentas pendientes con la Justicia
En el 2018, cuando aún se desempeñaba como fiscal general, fue investigado por la propia institución que él encabezaba. Actualmente, junto con su esposa, María Selva Morínigo, enfrentan una acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respectivamente. El Ministerio Público sostiene que la pareja no pudo justificar el origen de G. 3.764.317.044.
El ex fiscal general llegó a estar recluido en la cárcel de Viñas Cué hasta que fue beneficiado con el arresto domiciliario. Su audiencia preliminar está fijada para el 9 de julio, cuando se definirá si su caso irá a juicio oral y público.
A esto se suma que durante su administración se cajonearon unas 74 causas del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), de acuerdo a su sucesora Sandra Quiñónez.
