Los agentes fiscales anticorrupción Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz presentaron la acusación contra el suboficial inspector Ramón Balbino Vargas Espinoza y el suboficial superior Félix Antonio Ayala Caballero.
Los procesados están acusados por los hechos de frustración de la persecución y ejecución penal, acceso indebido a sistemas informáticos y por alteración de datos relevantes para la prueba. Asimismo, el Ministerio Público pidió que la causa se eleve a juicio oral.
Según las investigaciones, los suboficiales Félix Ayala y Ramón Vargas Espinoza alteraron 27 veces el sistema informático de la Policía para beneficiar al presunto narco José Luis Bogado Quevedo, herido en el festival Ja’umina en San Bernardino.
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Antecedentes
Tras el tiroteo registrado en el anfiteatro José Asunción Flores, José Luis Bogado Quevedo, con una herida de bala, fue llevado a un sanatorio privado, donde presentó un documento de identidad brasileño de contenido falso. El hombre permanece detenido en la Agrupación Especializada.
Mientras Bogado Quevedo estaba internado, la Policía Nacional confirmó que sobre él pesa una orden de captura internacional desde el 2014 por presuntamente liderar una banda criminal que trafica drogas y armas a nivel internacional. Ahora enfrenta un proceso de extradición a Brasil, donde tiene causas pendientes con la Justicia.
Tras conocerse su caso, la Policía abrió un sumario administrativo y constató que el expediente de Quevedo Bogado fue modificado en el sistema informático policial varias veces, muchas de ellas este lunes tras el tiroteo en San Bernardino, que se produjo en febrero pasado.
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Ambos policías son sindicados como responsables de cambiar los datos de un presunto narcotraficante prófugo, quien tenía orden de detención con fines de extradición. El hombre, identificado como José Luis Bogado Quevedo, resultó detenido tras ser herido en el atentado en el que murieron dos personas, durante un festival que se desarrollaba en San Bernardino, en enero de este año.
Vargas Espinoza realizó esta última modificación en el sistema informático de procesamiento de antecedentes judiciales de la Policía Nacional al día siguiente del atentado en el que varias personas resultaron heridas y fallecieron Marcos Rojas y la conocida influencer Cristina Vita Aranda.
