“En el caso de las mujeres en estado de gravidez que forman parte del grupo de las 187 personas desvinculadas, se aclara que la Itaipú, a través de la Superintendencia de Recursos Humanos, ha dispuesto la reincorporación inmediata de las gestantes, dando cumplimiento a las leyes laborales vigentes. Igualmente, se enfatiza que no fueron privadas de sus beneficios médicos antes, durante o después de la decisión institucional tomada sobre el concurso”, informó la IB, sin detallar qué cantidad de personas volverán a sus funciones.
Sin embargo, uno de los voceros del grupo de funcionarios desvinculados, Luis Riveros, había informado a la radio 1330 AM que lograron que cuatro embarazadas y una lactante sean reincorporadas en la entidad. Asimismo, refirió que lograron que una de las embarazadas diera a luz en la Fundación Tesãi, cubierta por Itaipú.
El director paraguayo de la Itaipú, Justo Zacarías Irún, ofreció la semana pasada una conferencia de prensa acompañado de los demás integrantes del Directorio de la central hidroeléctrica, anunciando que anulaban el contrato de los funcionarios que ingresaron con el PSE 2023, y anunció cambios en el reglamento para el concurso. Casi 18.000 paraguayos se postularon a las pruebas que ofrecían 220 vacancias.
Zacarías sostuvo que el concurso estuvo viciado desde el inicio y aseguró que buscan garantizar la transparencia en los futuros llamados.
Revisión. Por su parte, en su mensaje la IB señaló que “se halla abocada a la revisión de los reglamentos y otros aspectos del concurso que presentó irregularidades”. “El propósito es garantizar la transparencia del sistema de selección de personal para que la competencia sea en igualdad de oportunidades y todos los paraguayos tengan oportunidad de participar”, se lee en el mensaje.
Añade que un equipo técnico de la binacional está revisando las reglamentaciones existentes sobre el PSE “y hará los ajustes requeridos que permitan contar con reglas claras para los llamados a concurso externo”. “La entidad también verá los procedimientos adecuados para que interventores y evaluadores ejerzan su rol con objetividad, responsabilidad y neutralidad; es decir, no tengan intereses creados de cualquier índole que puedan influir en los resultados de los concursos”, comunicó la IB.
