El Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), presidido por Carlos Romero, sancionó con cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos directivos en cooperativas del país a seis dirigentes de la Cooperativa Luque Ltda., tras comprobarse que incurrieron en mora mientras se encontraban en funciones, una situación prohibida por el marco regulatorio vigente para el sector cooperativo.
La medida fue adoptada luego de una fiscalización realizada en el año 2025 a la entidad cooperativa, en la que uno de los principales hallazgos fue el incumplimiento en el pago de obligaciones por parte de miembros del Consejo de Administración y de un integrante del Tribunal Electoral, señala el documento.
A partir de esta situación, el Incoop dispuso la apertura de un sumario administrativo a los involucrados, con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho a la defensa mediante pruebas y alegatos.
Según informó la institución, como resultado del proceso sumarial se comprobó “fehacientemente” que los dirigentes sancionados incurrieron en mora mientras ejercían funciones directivas, lo que contraviene las disposiciones establecidas en la Ley 438/94 y en el Marco General de Regulación de Cooperativas del Sector de Ahorro y Crédito.
El organismo señaló además que la sanción responde al incumplimiento normativo, al daño patrimonial ocasionado y a la gravedad de la falta cometida.
Los dirigentes afectados por la medida son Elvira Martínez, vicepresidenta; Edert Eduardo Falcón Orué, tesorero y ex presidente; Roberto Osmar Pont Núñez, vocal suplente; Graciela Coronel, prosecretaria; Héctor Ramón Samudio, vocal titular, y Margarita Pintos de Ferreira, secretaria. La resolución tiene cumplimiento inmediato, por lo que los sancionados deberán apartarse de sus cargos dentro de la cooperativa.
Como consecuencia de la salida de los directivos, el Consejo de Administración quedó acéfalo por lo que el Incoop autorizó e intimó a la Junta de Vigilancia a convocar a una asamblea extraordinaria para cubrir las vacancias generadas, conforme a lo establecido en el estatuto social de la entidad.
