El Conasam debe elevar la propuesta del aumento salarial antes del 30 de junio al Poder Ejecutivo. A diferencia de años anteriores, esta vez se prevé un aumento sin tener en cuenta la inflación, debido a que este año el monto ni llegaría a G. 100.000. Sin embargo, el ajuste se debe negociar en la mesa tripartita.
En la primera reunión solo participó el representante del Estado y presidente del Conasam, Jorge Rivas, y el representante del sector trabajador, Bernardo Rojas.
El viceministro de Trabajo, César Segovia, confirmó que la posición del Poder Ejecutivo es que el reajuste del salario basado en el IPC no es suficiente para los trabajadores, por lo que este año el monto de aumento no se definirá por la inflación, sino que con otra fórmula.
“El IPC es un buen instrumento en cantidad monetaria, pero para el resto del salario mínimo vemos que no es el instrumento más adecuado”, señaló.
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Explicó que mediante un análisis jurídico preliminar determinaron que no sería necesaria una nueva ley para modificar la metodología del ajuste salarial, tal y como lo pide el sector privado.
“El marco legal permite que eventualmente el Ejecutivo pueda salir del IPC, atendiendo el análisis completo del capítulo que hace al salario mínimo”, explicó Segovia.
De confirmarse un cambio en los criterios de evaluación del reajuste, este se formalizaría mediante un decreto presidencial, como todos los años, alegó.
Insistió en que no existe necesidad de modificar el Código Laboral con relación al artículo del reajuste salarial porque el Poder Ejecutivo tiene potestad de decidir un aumento por encima del IPC, según establece la legislación.
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“Lo que el Gobierno busca es que en un primer escenario tanto el sector empresarial como el sector sindical negocien y acerquen sus posiciones. Eventualmente, si es que no se llega a ese acuerdo, obviamente el Gobierno entrará viendo las propuestas y definiendo una posición concreta al respecto”, señaló.
Pérdida salarial es de G. 647.021
El sector de los trabajadores presentó un documento en el que solicitan un aumento salarial del 20%, estimativamente de G. 580.000.
Además, solicitan una desindexación del SML de los impuestos; el control de precios de los componentes de la canasta básica, para evitar un reajuste tras el incremento; la creación de un Instituto Permanente del Salario y Costo de Vida, y un nuevo índice de costo de vida del trabajador, explicó Bernardo Rojas, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A).
Los gremios esperan encontrar un balance en la negociación y que el aumento de este año supere al IPC. “El reajuste de salario se va a dar, no sé nomás cuánto, pero nosotros vamos a negociar con los empresarios y el Gobierno el 20% a ver si nos dan”, dijo Rojas.
Las centrales obreras proponen dejar de usar el IPC como único índice de ajuste del salario mínimo, alegando una pérdida del poder adquisitivo del 22,3% desde junio de 1989 hasta abril del 2026. Bernardo Rojas, de la CUT-A, explicó que el salario mínimo fue ajustado en un 1.660,8% en dicho periodo y que la inflación oficial alcanzó un 2.053,8%. Con estos datos, Rojas señaló que el salario actual de G. 2.899.048 debería situarse en G. 3.546.069 para recuperar su valor real.
“Esto arroja una diferencia en perjuicio de los trabajadores de G. 647.021, lo que representa una pérdida del 22,3%”, afirmó el representante de los trabajadores.
Ausencia del sector empresarial
El representante del sector empresarial, Ing. Enrique Vidal, estuvo ausente en la primera sesión de negociación del Consejo Nacional de Salarios Mínimos. El integrante de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) justificó su ausencia alegando otros compromisos.
El vocero de los trabajadores ante el Conasam, Bernardo Rojas, consideró la ausencia de Vidal como una estrategia de dilación de las negociaciones. “Dilatan el tiempo para llevarnos al borde del precipicio”, dijo.
En una nota presentada al Conasam, Vidal solicitó la postergación de la reunión, pero por mayoría de los representantes del Gobierno Nacional y de los trabajadores se decidió iniciar el diálogo social, explicó el viceministro de Trabajo, César Segovia.
Se prevé que el vocero de la patronal participe en la próxima reunión prevista para el miércoles 13 de mayo, y en ese espacio exponga los argumentos con relación al cambio de fórmula para el reajuste salarial, explicó Segovia.
“Él manifestó su predisposición de estar en la próxima reunión”, anunció el viceministro de Trabajo.
En su momento, el representante de los empresarios, Enrique Vidal, anunció que frente a un escenario de reajuste “arbitrario” por parte del presidente de la República, aparte de que muchos sectores no estarán de acuerdo, pueden recurrir a la Justicia.
