Mediante el documento, las organizaciones exigen el cese del pago de la deuda y que el Brasil devuelva el dinero “robado”. Asimismo, se exige que las autoridades responsables paguen ante la Justicia.
Las organizaciones señalan que el Paraguay no puede avanzar en las negociaciones del Anexo C del acuerdo sobre Itaipú sin antes hacer justicia en lo que respecta a la deuda espuria.
Los grupos de la sociedad civil aseguran que es urgente que el país emprenda acciones para revertir el rumbo de la “estafa”.
El documento que fue firmado por varias organizaciones será remitido a las autoridades del Ejecutivo y las que llevarán adelante las investigaciones.
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Un informe de la Contraloría General de la República desnuda la deuda de Itaipú de USD 4.193 millones, dada entre 1985 y 1997 y que implica a cuatro ex directores del ente, uno de la dictadura y tres de la era democrática.
Según Contraloría, la deuda se generó por aplicarse tarifas más bajas a las fijadas por el Anexo C del Tratado y en beneficio del Brasil.
El documento genera disputas políticas ya que la oposición señala a la ANR como la responsable de la deuda. Por su parte, el presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana, asegura que no se puede responsabilizar a un partido por la mala gestión de algunos de sus representantes.
Los fiscales que investigan el caso de la deuda de la Entidad Binacional Itaipú solicitaron que, en un plazo de 72 horas, el contralor general de la República, Camilo Benítez, envíe informes, datos y documentos con relación a los antecedentes de la auditoría que realizó la Contraloría.
