El contralor general Camilo Benítez encabezó esta semana la primera reunión del Comité Ejecutivo del proyecto de asistencia, que tiene como fin el desarrollo del sistema de control y analítica de la CGR, según detalles brindados por el máximo órgano contralor.
Participaron, además del contralor, otros directivos de la Contraloría, quienes intercambiaron información sobre este proceso con funcionarios de la Itaipú Binacional y del Parque Tecnológico de Itaipú (PTI), y se habla de una inversión total de USD 1.500.000 por parte de la binacional.
“Este proyecto, apoyado por la Binacional, estará orientado principalmente al control de la ejecución de la ley 7264/2024 de Hambre Cero en las Escuelas”, publicó la cuenta oficial de la CGR en la red social X, antes llamada Twitter.
dinero. La Ley Hambre Cero en las Escuelas fue aprobado en el Congreso y promulgado por el Ejecutivo en abril de este año, y logró redirigir al Ejecutivo los recursos que pertenecían a la Ley del Fonacide para las licitaciones sobre alimentación escolar.
La ley crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), patrimonio de afectación fiscal blindado, destinado exclusivamente al financiamiento de la Alimentación Escolar en Paraguay, que utilizará el 80% de los fondos obtenidos del acuerdo Lugo-Lula (80% de USD 360 millones).
El otro 20% de los USD 360 millones que eran del Fonacide, será distribuido a municipios para inversiones de infraestructura en educación, según lo establece la nueva legislación.
La ley anterior otorgaba asignaciones a varios proyectos y dependencias que ahora quedan a la espera de que el Estado recaude lo suficiente para mantener los mismos recursos (Fuente 10), lo cual genera dudas en varios sectores de la sociedad.
Control. El Gobierno Nacional habilitó un portal en Internet exclusivo sobre el tema, cuya dirección web es https://hambrecero.gobiernodelparaguay.gov.py/.
Allí cuentan con documentos relativos al tema y detallan que 1,3 millones de estudiantes son potenciales beneficiarios de la alimentación escolar, e indica que actualmente solo el 5%, en promedio recibe el alimento durante los 180 días del año lectivo.
Se detalla que para Asunción y su zona metropolitana (40% de la población) la gestión será dirigida por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y a nivel departamental por las Gobernaciones.
“En todos los casos se involucrará a las municipalidades, el MEC y la ciudadanía. Priorizáremos sectores más vulnerables desde la implementación del programa para dar una respuesta rápida a la población más necesitada”, afirma el portal oficial.
El Gobierno asegura que la ciudadanía tendrá una participación activa, y que se establecerán mecanismos de control que permitirán hacer denuncias sobre la provisión y calidad del almuerzo escolar.
“La CGR aplicará un nuevo modelo de control (controles concurrentes) para generar alertas tempranas que permitirán garantizar la efectividad del programa”, expresa.
También menciona la creación del “Consejo Nacional de Alimentación Escolar CONAE” como una instancia que tendrá una rectoría centralizada del sistema, con el objetivo de contar un mayor control y poder regular la provisión.
Proyecto. Por otro lado, el contralor general se reunió también esta semana con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, para reimpulsar el proyecto denominado “Ley de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción”.
Tras la reunión, el contralor recordó que dicho proyecto fue una de las iniciativas legislativas propuestas dentro del Plan Nacional Anticorrupción, firmado por los representantes de los tres poderes del Estado y por las autoridades de los organismos extra poder.
“Con esta ley, creemos que podemos cerrar el circuito, no solamente luchar contra la corrupción, de una manera represiva que es lo que hace el Ministerio Público con la Contraloría, sino que también ver un enfoque más preventivo y que promueva la cultura de rendición de cuentas y transparencia”, manifestó al respecto Benítez.
