Ayer, durante una audiencia concedida por el presidente Santiago Peña al titular de del IPS, Jorge Brítez; al director financiero, Américo Riquelme; y al director jurídico, José González, informaron al mandatario sobre la denuncia radicada ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Esta decisión de elevar el porcentaje por resolución, violando el marco regulatorio vigente, tuvo un impacto negativo en las finanzas de la Caja Jubilatoria de la previsional, que se eleva a aproximadamente G. 1 billón.
Los porcentajes fueron elevados mediante dos resoluciones, la número 004-001/2020, de fecha 17 de enero de 2020, que aumentó el haber mínimo del 33% al 50%, mientras que la número 017-001-2021, del 10 de febrero de 2021, elevaba el porcentaje a percibir a 75%.
Según comentó la gerente de Prestaciones Económicas del IPS, Vanessa Cubas, hasta el 7 de mayo pasado, en que los miembros del Consejo de Administración actual revocó ambas resoluciones, alrededor de 20.600 personas estaban percibiendo el 75% del haber mínimo jubilatorio, lo que significó el pago de G. 1.000.252 millones.
Sin financiación. En la denuncia presentada ayer consta que “se pagaron efectivamente G. 222.940 millones desde el 2020 hasta finales de setiembre de 2023 y se eleva a alrededor de G. 1 billón el valor presente del aumento del haber mínimo, del 33% al 75%, del salario mínimo legal, para los casi 21.000 beneficiarios del ajuste por complemento”. “Esta suma tan elevada de desembolso no tiene fuente de financiamiento, por lo las autoridades competentes tendrán que evaluar la conducta de las personas que recomendaron y que aprobaron esta decisión”, expresó Cubas.
Dijo que ante la falta de fuente de financiamiento se extrajo esos fondos de los intereses de la renta de la reserva de la Caja de Jubilaciones. De hecho, la gerente de Prestaciones mencionó que la Contraloría General de la República también se encuentra realizando un examen especial sobre ese punto en particular, con los mismos antecedentes incluidos en la denuncia presentada ante la Fiscalía.
Cubas afirmó con contundencia que los consejeros de la época fueron los principales responsables de aceptar sustituir una normativa por dos resoluciones. “Esto dice nuestra Ley Orgánica: Todas las decisiones que son asumidas por los miembros del Consejo son decisiones por las cuales tienen que responder civil, penal y administrativamente”, aseveró.
No obstante, Cubas aclaró que las personas que venían percibiendo el 75% del haber mínimo jubilatorio, lo seguirán haciendo, en respeto al “derecho subjetivo adquirido”. Pero aquellos nuevos jubilados volverán a percibir el 33% del haber, de acuerdo con lo establecido en la normativa orgánica de la institución.
