Los representantes legales de la multinacional Sony, para las consolas PlayStation 4, denunciaron que en Paraguay se estarían comercializando irregularmente productos inhabilitados para su venta en este continente, ya que cuentan con licencia para la venta en Europa.
El fiscal Humberto Rossetti inició una investigación sobre el caso y este jueves allanó dos locales de la firma Infotech SA, en la planta baja del edificio Lai Lai Center, y la oficina de una empresa unipersonal, de Mohamad Bahmad, ubicada en el décimo piso, oficina 1.006, del edificio La Roca, en el centro de Ciudad del Este.
La firma Sony manifestó su incertidumbre sobre el origen y calidad de los productos que se estaban vendiendo en el país, principalmente para clientes brasileños.
La sospecha apunta a lavado de activos para el financiamiento del terrorismo, a través la triangulación de los productos fabricados para otros continentes.
La comitiva policial fiscal retuvo aproximadamente 3.000 cajas de las consolas para videojuegos en los dos primeros locales y cinco cajas de audífonos de la empresa unipersonal, por denuncias de Solutions 2 Go, representante en Sudamérica de los productos de Sony Computer y Sony Interactive, por medio del estudio jurídico Salomoni y Asociados.
“El costo en origen de las mercaderías y los costos estimativos superan ampliamente a los proveídos por el licenciatario oficial para este continente, lo cual nos induce a la sospecha de que esta es una simulación para el lavado de activos y con ello el financiamiento del terrorismo por grupos criminales”, afirmó Rossetti.
El representante del Ministerio Público señala que existiría una triangulación de productos fabricados en Europa, vendidos en África e importados desde ahí para esta región, pese a que esto, en teoría, no resultaría un negocio rentable.
Señaló que se investigarán los despachos, los costos, los giros realizados para el pago de las mercaderías y las personas involucradas.
“Son legales”
Trabajadores de Infotech SA señalaron que los productos incautados fueron importados legalmente, con el pago de casi G. 800 millones en tributos aduaneros, a través de la Zona Franca Global.
El valor imponible de las últimas dos importaciones asciende a cerca de USD 2 millones, según los despachos. Las mercaderías incautadas serían parte de esos lotes, traídos de Hong Kong, República Popular China.
Señalaron, además, que se trataría de una guerra comercial por parte de otros distribuidores que, con la intervención fiscal, quieren perjudicar a la competencia, aunque no quisieron que se publique su identidad por temor.
