A Petro y algunos dirigentes de su equipo de campaña “se les endilga la presunta vulneración al límite de gastos” (en primera y segunda vuelta) por el equivalente a unos 1,2 millones de dólares, dijo en una rueda de prensa el presidente del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy.
JUICIO POLÍTICO. El mandatario izquierdista se expone a multas económicas, pero no a la pérdida del cargo. Sin embargo, expertos señalan que el CNE puede remitir una copia de la investigación a la Cámara de Representantes (Cámara Baja) para que el presidente sea sometido a un juicio político.
“Ha comenzado el golpe de Estado”, escribió inmediatamente en la red social X Petro, quien convocó a protestas.
Según un comunicado del CNE, la campaña habría decidido “omitir el reporte” de algunos gastos para propaganda electoral y organización de encuentros multitudinarios, así como aportes y presuntos pagos a testigos electorales.
DINERO DEL NARCOTRÁFICO. Las sospechas por las presuntas violaciones a los topes establecidos por la ley crecieron en julio del año pasado, cuando el hijo mayor del presidente, Nicolás Petro, reconoció ante la fiscalía que recibió dinero de un capo narcotraficante y lo utilizó en algunos eventos de campaña en la costa Caribe.
Según las pesquisas realizadas hasta el momento por el CNE, el equipo de Petro no reportó gastos realizados para organizar encuentros multitudinarios con seguidores en la costa Caribe, una región tradicionalmente de derecha, pero que en la pasada elección catapultó al izquierdista a la presidencia.
Esa hipótesis tomó fuerza después de que Nicolás Petro manifestara ante la fiscalía que el dinero de un capo narcotraficante conocido como “el hombre Marlboro” entró a la campaña.
El Gobierno recurrió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la decisión tomada por el CNE. Bolivia y México, así como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) se solidarizaron con Petro.
