El grupo investigador de la Universidad Nacional del Pilar y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que hace dos décadas estudia el crimen organizado en Paraguay, encontró que este sector fue ingresando a la política hace unos cinco años, desde entonces se empezó a hablar de la narcopolítica.
En ese sentido, el criminólogo Juan Martens explicó que las elecciones son muy costosas porque a los candidatos se les exigen diversos aportes y ayudas, desde cajones fúnebres hasta pollos para rifas, indumentaria deportiva o camionetas para traslados.
Se refirió específicamente a los departamentos de Canindeyú, San Pedro y Amambay, donde el equipo de investigación ya se encuentra haciendo trabajo de campo de cara a las internas municipales que se celebran este domingo a nivel país. En estas zonas, los electores piden alrededor de G. 200.000 como “una ayuda” para ir a votar y aún no contempla la compra de cédula, que es otro fenómeno que se da en el contexto de elecciones.
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Además, los gastos de los candidatos arrancan mucho antes, durante su campaña electoral, con aportes que los votantes piden hasta para pagar cuotas de préstamos.
De acuerdo con Martens, muchos de los candidatos que no son directamente narcotraficantes piden a sus líderes regionales, departamentales o nacionales entre G. 100 millones y G. 400 millones, dependiendo del caudal potencial de votos.
“Nosotros decimos que hoy el narcotráfico financia a esa gente y con el dinero del narcotráfico se hace clientelismo político porque de otra forma es insostenible”, explicó.
Desde del lado del crimen organizado, este fenómeno está relacionado con la impunidad e infiltración institucional, en tanto que el comportamiento de los electores está vinculado al descreimiento generalizado de la ciudadanía.
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“Yo creo que tiene que ver con la desilusión del Estado, con la desilusión de la democracia, con la desilusión de la clase política, o sea, no se le ve como representante, sino como empresarios, de quien ‘hay que sacar dinero ahora porque después ya no nos van a hacer caso’”, expresó.
Los electores no están precisamente en situación de vulnerabilidad, pueden ser desde productores, comerciantes y funcionarios públicos.
Uno de los casos más recientes de la narcopolítica es el del ex senador Erico Galeano, quien además tuvo la protección de sus colegas del Partido Colorado durante varios años y que recién le soltaron la mano cuando salió firme su condena a 13 años de cárcel por lavado de dinero y asociación criminal vinculados al esquema de Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.
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Atentados y crimen organizado
Respecto a los casos de violencia política, en contextos de elecciones, recordemos que en mayo fue asesinado a balazos el líder indígena Eulalio Aquino, quien aspiraba a ser concejal de Cerro Corá, Departamento de Amambay.
Otro caso se registró el lunes pasado, cuando el precandidato a la Intendencia de Itakyry, José de Jesús Talavera, denunció que el vehículo en el que viajaba fue atacado a tiros. El político altoparanaense representa a la disidencia colorada en su comunidad y el día del atentado había participado en una reunión en el marco de la campaña electoral.
Sobre este tipo de ataques, Martens comentó que también está totalmente vinculado al crimen organizado por distintas razones, pero principalmente se da de parte de otro candidato que teme una derrota y prefiere eliminar a su rival. “Sabiendo que van a quedar impunes, cuentan con eso y ya no les preocupa”, señaló.
Las internas se desarrollarán este domingo para disputar 263 intendencias y 2.832 cargos en juntas municipales.
Las agrupaciones con mayor cantidad de electores son la Asociación Nacional Republicana (ANR) con 2.806.860 inscritos en su padrón y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) con 1.531.856 votantes.
