El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, señaló que el foco principal en esta etapa inicial fue la revisión documental y administrativa, un proceso que enfrenta obstáculos debido a la falta de acceso a archivos y al aparente incumplimiento de normas básicas de resguardo documental por parte de la administración anterior.
“Hasta ahora accedimos a 162 documentos de los 215 gestionados, lo que representa apenas una fracción del universo total requerido”, explicó y añadió que los documentos revisados están vinculados a ocho de los 12 puntos observados por la Contraloría, que a su vez contienen 114 observaciones específicas.
Ramírez cuestionó la gestión documental de la administración anterior, destacando que algunos documentos fueron entregados a otras instituciones sin dejar copias archivadas, lo cual contradice las normativas que rigen el manejo de documentos en la función pública.
En el área administrativa, uno de los logros resaltados fue la regularización del pago salarial a casi la totalidad del funcionariado municipal.
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Al asumir, solo el 40% de los 2.259 funcionarios habían cobrado su salario correspondiente al mes de mayo. Actualmente, según Ramírez, el 99% ya percibió su salario base, quedando solo 22 casos pendientes por cuestiones documentales.
Otro aspecto atendido fue la regularización del seguro médico, cuya cobertura había quedado comprometida por demoras en las transferencias desde la Municipalidad hacia la empresa aseguradora.
“Cada funcionario aporta de su salario al seguro. Nuestro deber es garantizar que esos aportes lleguen a destino”, subrayó.
Además, Ramírez informó la implementación de relojes biométricos para el control horario del personal, reemplazando el sistema de planillas que, según sus palabras, “debía ser la excepción y no la regla”. También indicó que se está avanzando en la formalización de unos 2.000 contratos que permanecían sin regularización al cierre del primer semestre.
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Aunque el interventor evitó dar una valoración final, adelantó que las irregularidades en la gestión documental y financiera serán evaluadas en profundidad conforme avance la intervención.
La suspensión del intendente Miguel Prieto, dispuesta por el Congreso Nacional tras un dictamen de la Contraloría General de la República, sigue generando tensiones políticas. Sin embargo, desde la intervención aseguran que el proceso se está llevando a cabo con base en la Constitución y bajo estrictos parámetros técnicos.
Ramírez concluyó que, pese a los desafíos iniciales, el equipo interventor continuará con su trabajo “en tiempo y forma”, cumpliendo el mandato conferido por la ley y “en resguardo de la transparencia en la Administración pública”.
