A poco menos de un mes de concluir la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, iniciada el pasado 23 de junio, el interventor Ramón Ramírez y su equipo hablan de un escenario institucional marcado por la desorganización, la discrecionalidad en la gestión pública y una cultura administrativa que prioriza intereses personales por encima de la institucionalidad.
Designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados, a solicitud de la Contraloría General de la República (CGR), Ramírez debe entregar su informe final el próximo 23 de agosto. En este tiempo, los hallazgos han sido tan numerosos como preocupantes.
Uno de los focos más críticos detectados es el sistema informático, encargado de gestionar las recaudaciones y cuentas corrientes catastrales. Según explicó Ramírez, el sistema no cuenta con trazabilidad, lo cual impide identificar quién accedió o modificó datos, lo que abre la puerta a manipulaciones. “Tenemos casos de personas que aparecían como que ya habían pagado, pero en realidad no lo hicieron. Y no podemos rastrear quién cargó eso. No existe lo que los técnicos llaman trazabilidad informática. Y eso es gravísimo”, afirmó.
El interventor también advirtió sobre el riesgo de sabotaje interno en áreas claves, como recaudación y catastro. “Te vas con tu cuenta corriente y debés cinco años. Pero alguien con acceso al sistema puede modificar eso. Mañana ese funcionario desaparece y no queda registro. Eso no puede pasar en un sistema serio”, denunció.
Ramírez explicó que el sistema permite que funcionarios con el perfil adecuado hagan figurar pagos sin que el dinero haya ingresado a la caja. “En un sistema serio, cada acción queda registrada. Acá no. Estamos haciendo una auditoría informática y lo que ya encontramos es preocupante. No hay control de cambios, ni log de usuarios. Eso se tiene que corregir de inmediato”.
Desde el inicio de la intervención, Ramírez dijo que notó presión constante sobre funcionarios que colaboraban con el equipo interventor. Las tensiones fueron especialmente marcadas en áreas como Tránsito, donde se debió cambiar la dirección.
“Hay funcionarios que te dicen en privado que quieren colaborar, pero al salir de la oficina, reciben presiones. Hasta el más modesto de los funcionarios, desde un director hasta un barrendero, recibe presión política”, relató.
