La nota de la renuncia de Carolina Aranda a la intendencia de Mariano Roque Alonso, del Departamento Central, fue presentada al concejal municipal, Andrés Caballero, con fecha de este viernes.
La política del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) se volverá a presentar en las elecciones municipales de este año para llegar a un segundo periodo al frente del Municipio.
Se postula por el movimiento Equipo Mariano Roque Alonso, siendo la precandidata liberal con mayores recursos económicos; invertirá G. 74.700.000 en fondos de campañas.
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En el PLRA le sigue el precandidato Zacaría Barreto Vera, del movimiento Frente de Integración Liberal, con G. 2.200.000 de fondo de campaña, proveniente de remuneraciones recibidas del Ministerio de Justicia y Trabajo, según su declaración jurada.
Los demás liberales que competirán son Andresa Arévalo Maidana y Patricia Carolina Arias Genes, ambas del movimiento Equipo Mariano Roque Alonso, y sin recursos económicos declarados.
Mientras que en las filas de la Asociación Nacional Republicana (ANR) se presentarán Gloria María Johana Vega Insfrán, del movimiento Reivindicación Republicana; Milciades Raúl Aveiro Estigarribia, del movimiento Compromiso Republicano; Modesto Paredes Encina, del movimiento Participación Republicana.
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Como así también, Fernando Mendieta Fernández, del movimiento Compromiso Republicano; Rafael Evaristo Llerena Salinas, del movimiento Esperanza Renovación Ecléctico Social Colorado, y Blas Antonio Álvarez Báez, del movimiento Esperanza Republicana.
Todos pujarán por ser electos como candidato oficial de la ANR el próximo 20 de junio en la interna partidaria, con miras a las elecciones municipales del 10 de octubre.
La administración de la actual intendenta de Mariano Roque Alonso fue cuestionada porque su familia goza privilegios dentro de la Comuna. Su hermano, Osmar Aranda, fue denunciado por usar kits de alimentos en el marco de su precandidatura a concejal distrital.
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También durante su administración se denunció una sobrefacturación en adquisición de víveres con royalties, se aprobó una préstamo de G. 3.000 millones en su gestión, entre otras.
A principios de 2019, los pobladores hicieron manifestaciones pidiendo la intervención de la Contraloría General de la República y el rechazo al balance correspondiente al año 2018.
Aranda también había sido muy cuestionada cuando emitió una resolución de prohibición contra MUV y Uber en su municipio.
