19 sept. 2025

Intendenta de Quyquyhó obtiene permiso judicial para viajar por diez días al Brasil

30814941

Viaje. Patricia Corvalán con su esposo Esteban Samaniego.

archivo

La intendenta municipal de Quyquyhó, Patricia Corvalán, esposa del diputado colorado, Esteban Samaniego, obtuvo ayer permiso del juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, para viajar al Brasil, desde hoy 1 de febrero, hasta el 10 próximo.

La misma está acusada por presuntos hechos de administración en provecho propio y lavado de dinero, donde en este mes de febrero, se debe realizar la preliminar.

Además de Corvalán, también obtuvo permiso para viajar al Brasil, en las mismas fechas, el coprocesado Damián Galarza. En la audiencia, la fiscala Belinda Bobadilla no se opuso al pedido.

El magistrado admitió y los peticionantes pueden viajar al Brasil desde hoy hasta el 10 de febrero. Al día siguiente, 11 de este mes, deben comunicar su regreso al país.

En el caso, el fiscal Silvio Corbeta pidió juicio oral para Corvalán, actual intendenta de Quyquyhó, esposa del legislador, por su supuesta implicancia en el esquema que habría desviado de la comuna G. 1.108.599.918, entre los años 2017 y 2018, cuando Samaniego era jefe comunal.

El dinero supuestamente fue invertido en la construcción de la vivienda de la familia Samaniego - Corvalán, de dos plantas, de 306 m², ubicada en el barrio San Vicente de Asunción. El terreno pertenece a la madre del diputado, Blanca Álvarez viuda de Samaniego, también acusada en esta causa.

Fueron acusados por administración en provecho propio y lavado de dinero Patricia Corvalán, Manuel Olazar, Andrés Arrúa y Blanca Álvarez viuda de Samaniego.

Por administración en provecho propio y asociación criminal, Enrique Lovera, Guido Vargas, Carlos Bareiro, Ruth Medina Yegros, Líder Ramírez y Pedro Etienne Villanueva.

Por asociación criminal el fiscal acusó a Benigno Villasboa Cáceres y Óscar Fanego Otazú, mientras que, por supuesta administración en provecho propio, a los procesados Damián de Jesús Galarza y Christian Daniel Domínguez.

Más contenido de esta sección
El juez Rodrigo Estigarribia concedió la libertad ambulatoria a la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA), tras levantar el arresto domiciliario en su contra. Esto, en la causa por supuestas obras fantasmas, que recientemente se elevó a juicio oral.
Una niña habría sido abusada durante cuatro años y ese dolor lo vivió sola y en silencio. Otro menor habría sido víctima de abusos por dos años en su escuela. Casos como estos siguen saliendo a luz.
En el segundo juicio oral que se realizó, el Tribunal de Sentencia condenó a 28 años de cárcel al ex policía José Carlos Morel Chamorro, por matar a tiros a la docente María Isabel Vega. En un primer juicio le habían dado 15 años de encierro, pero esto fue anulado.
Nuevamente se suspendió la audiencia preliminar de la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, y otros acusados, tras la presentación de una excepción de incompetencia de jurisdicción, donde señalan que el caso debe ser juzgado en Paraguarí y no en Asunción. El juez Humberto Otazú deberá primero resolver la cuestión.
El Tribunal de Apelación Penal rechazó la recusación planteada por la abogada Emma González Ramos, ex representante del condenado Ramón Mario González Daher, en contra de los jueces que deben juzgarla por supuesta denuncia falsa. El juicio oral iniciará el sábado 27 de setiembre.
El pleno de la Corte Suprema aprobó en su sesión de este miércoles remitir un proyecto de ley al Congreso, como iniciativa legislativa, que otorgará a los jueces de Paz la potestad de levantar embargos en los juicios cuyos expedientes no sean encontrados, durante su proceso de reconstitución.