El defensor de Mirtha Fernández Yegros, jefa comunal de Valenzuela, abogado Mario Bobadilla, solicitó la revisión de medidas y pidió la libertad ambulatoria de su representada, pedido que, tras la diligencia, fue admitido por el magistrado de Delitos Económicos.
Sostuvo que las privaciones de libertad decretadas fueron dispuestas con el objetivo de asegurar la realización y culminación de la audiencia preliminar. Agregó que, una vez finalizada esta, el juez dictó resolución, por lo que dichas restricciones dejaron de ser necesarias.
De esta manera, pidieron la libertad ambulatoria sujeta a las reglas y medidas que el juez considere pertinentes, como ser la obligación de presentarse ante el juzgado competente para la firma respectiva de manera mensual, la prohibición de salida del país sin autorización del juzgado, la obligación de residir en un lugar determinado y cualquier otra.
Además, señaló que en la primera revisión no se contaba con todos los documentos y que la intendenta cumple una función otorgada por elección popular, con plena legitimidad mediante un mandato conferido por los ciudadanos de Valenzuela.
Por su parte, el fiscal solicitó mantener el arresto domiciliario, al considerar que es la medida adecuada dadas las circunstancias que rodean el caso, y que los permisos de salida sean evaluados por el Tribunal de Sentencia.
Ya en su análisis, el juez Estigarribia refirió que no se ha demostrado un peligro procesal actual, por lo que corresponde analizar la posibilidad de sustituir la medida de arresto domiciliario por otras menos gravosas, tales como la prohibición de salida del país, la obligación de comparecencia periódica ante el juzgado, la fianza y otras restricciones que resulten proporcionales y suficientes para asegurar la sujeción al proceso.
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Con ello, concedió la libertad ambulatoria, con la obligación de comparecer del 1 al 5 de cada mes en el Juzgado para firmar el libro de comparecencia, además de la prohibición de salir del país sin autorización judicial, ni cambiar de domicilio.
Se mantuvo la fianza real sobre un inmueble por la suma de G. 1.435.000.000 y la fianza personal de dos personas, por la suma de G. 500.000.000 cada una.
La intendenta de Valenzuela, Cordillera, debe afrontar juicio oral por un supuesto desvío de G. 1.199 millones.
Además de ella, también irán a juicio oral los coprocesados Cristian David Flecha Fernández, Carlos Samudio Sánchez, Aníbal Samudio Sánchez, Sergio Ariel Flechas Fernández, Maglio César Nelson Muñoz Díaz y Verónica Acosta.
Se habla de pagos por supuestas obras que nunca se realizaron. Ahora, incluso, tiene otra imputación por parte del Ministerio Público.
La acusada señala que es una cuestión netamente política y que su único pecado fue ganar tres veces consecutivas la Intendencia de Valenzuela, en los años 2010, 2015 y 2021, por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
