El Juzgado Penal de Garantías resolvió decretar la inhibición general de enajenar y gravar bienes para el ex ministro de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, y el empresario Alberto Koube, quienes se encuentran procesados por cohecho pasivo agravado, soborno agravado y lavado de dinero.
Desde el Ministerio Público señalaron que requirieron las medidas ante los supuestos que hacen a la urgencia, peligro o pérdida que podrían ser ocasionados por los propios imputados, y con el fin de garantizar el resultado del proceso y asegurar el cumplimiento de una sentencia.
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Además, adelantaron que existe la posibilidad de ampliar la imputación por otros hechos punibles de orden económico.
Para la Fiscalía, el ex ministro Roa, entre agosto del 2013 y febrero del 2022, otorgó millonarias licitaciones a beneficio de empresas representadas o vinculadas a su amigo Koube Ayala, quien asimismo le habría retribuido con bienes materiales.
En tal sentido, en agosto del 2018, el ex ministro presuntamente habría recibido una embarcación de la marca ''Azimut’’, importada, cuyo valor de mercado ascendería a los USD 450.000, a cambio de licitaciones públicas convocadas por la secretaría a su cargo, y desde entonces, habría adjudicado especialmente a Koube licitaciones que además presentarían sobrefacturaciones, según la investigación.
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Las adjudicaciones otorgadas por el ahora imputado habrían sido un total de 11, concedidas entre febrero del 2018 y agosto del 2021, a las firmas Tapiracuai S.A y Distribuidora San Blas, representadas por Koube, así como a otros empresas unipersonales vinculadas a este último (Sofimac, Noemacol S.A, JPA Logística y Katherine Ayala), significando un beneficio de G. 15.450.400.000 para Koube.
Roa Burgos habría convocado las licitaciones públicas por vía de la Ley de Emergencia Nacional, bajo el pretexto de que las leyes de declaraciones de emergencias le permitían realizar contratos directos y manejar los procesos licitatorios fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Ambos fueron citados para el próximo 8 de mayo a una audiencia de imposición de medidas cautelares. El Ministerio Público pide la prisión preventiva para ambos, además de que ya se ordenó el secuestro del yate.
