La Comisión que investiga la Mafia de Pagarés en el Senado descubrió que la “certificación de firmas” se volvió una práctica bastante común para estafar a miles de personas, quienes terminan demandadas con pagarés falsos en el que el escribano juega un papel crucial, constatando falsamente las firmas de supuestos deudores. Más de 1.500 casos fueron reportados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Uno de los casos reportados es la de Floriana González, quien en plena pandemia, en el 2021, tenía a su padre internado por una cardiopatía. Como sus gastos no cesaban, accedió a una de las conocidas promociones de “crédito rápido” que llegan por mensajes y eso fue lo que le condenó.
La mujer adquirió un préstamo de G. 2.000.000, por lo que le hicieron firmar pagarés a la orden de una tal Fabiola Báez de Aquino, pero cuando le mostraron tenía campos en blanco. A estos pagarés se le agregó la hora de libramiento, además de su valor, que lo hicieron a mano, con una tipografía distinta al original.
Cuando inició la demanda, se presentó el pagarés y una certificación de firmas del escribano César Hilario Fernández Acevedo, que hizo constar que la firma de Floriana fue ante su presencia y en sede de la escribanía. Sin embargo, en realidad, ese pagaré le hicieron firmar los usureros a las apuradas a la víctima, en un auto en movimiento en la calle, y no frente al escribano.
Floriana fue demandada con dos pagarés de G. 15 millones, siendo que la suma que prestó fue solo de G. 2 millones. Para la Comisión del Senado, esto evidencia que la certificación de firmas es una práctica usada para no iniciar ante el Juzgado una acción preparatoria de juicio ejecutivo y para no citar al supuesto deudor a reconocer firmas. De esta manera, se inicia el juicio ejecutivo.
ANTE LA CORTE. La Comisión ya reportó los casos ante la Corte, alertando que miles de títulos de créditos en realidad no fueron certificados en presencia de un escribano. Además, informaron que nuestra legislación actual no ofrece herramientas claras respecto a qué medidas tomar dentro del juicio ejecutivo cuando hay una certificación falsa.
Expusieron como modelo que en Argentina existe el Reglamento Unificado de Certificación de Firmas e Impresiones Digitales del Colegio de Escribanos, que tiene un sistema detallado de trazabilidad de una certificación.
Al respecto, Diana Vargas, directora de la Comisión de Mafia de Pagarés, refirió que están a la espera de conocer qué medidas adoptará la Corte, a partir de la advertencia. “Esta práctica podría estar siendo utilizada para eludir el reconocimiento de firmas y, con ello, afectar una garantía dentro del juicio ejecutivo: La posibilidad de que la persona sea citada y ejerza efectivamente su defensa”, expuso.
Denuncia ante la Fiscalía
La Comisión del Senado ya tomó muestras y encontró en distintos juzgados inconsistencias entre la fecha de la operación y la fecha de certificación de la firma de los escribanos. Según los datos relevados, solo en el Juzgado de Paz de Luque se registraron al menos 400 casos.
Ahora, todo ese cúmulo de datos está siendo analizado por el equipo técnico de la Comisión para conocer su alcance y las responsabilidades.
“Una vez concluido el análisis, se presentarán ante el Ministerio Público los elementos que pudieran constituir hechos punibles y que ameriten investigación”, señaló la abogada Diana Vargas.
CONSECUENCIAS. ”La consecuencia más grave es una mayor vulneración del derecho a la defensa”, mencionó la directora, teniendo en cuenta que “una persona pudo haber firmado bajo engaño o sin la intervención del escribano y la certificación aparece después, y la víctima queda así en una situación de enorme desventaja”.
