Un informe borrador de Análisis Técnico de la Contraloría General de la República (CGR), fechado en julio de 2026, que salió a luz en diversos medios, puso bajo la lupa la ejecución presupuestaria de la Gobernación de Alto Paraguay durante los ejercicios fiscales 2023 y 2024, señalando una serie de observaciones relacionadas con el manejo de combustibles, transferencias, rendiciones de cuentas y ejecución de obras.
El documento, denominado “Informe de Análisis Técnico – Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos, ejercicios fiscales 2023 y 2024”, fue elaborado en el marco de la Resolución CGR Nº 592/2024 y tuvo como objetivo evaluar denuncias presentadas y verificar la documentación respaldatoria remitida por la Gobernación.
La revisión tuvo como antecedente una denuncia presentada en abril de 2024 por los concejales departamentales Juan Ortiz y Jorge Medina, relacionada con presuntas irregularidades en transferencias a entidades sin fines de lucro, combustibles y almuerzo escolar, luego en marzo de 2025, el concejal Medina solicitó una auditoría a la administración del gobernador Arturo Méndez.
El concejal Ortiz, el pasado viernes 14, fue electo nuevo presidente de la Junta Departamental y es actualmente uno de los principales aliados del gobernador, a diferencia de cuando realizó la denuncia ante la CGR.
DESCARGO DEL GOBERNADOR
Ante la difusión del contenido del documento, el gobernador Arturo Méndez defendió su gestión y afirmó que presentará los documentos necesarios para responder a cualquier observación.
El jefe departamental sostuvo que, hasta el momento, no recibió una notificación oficial de una auditoría de la Contraloría y cuestionó que el documento haya tomado estado público.
Según su versión, podría tratarse de un documento filtrado y aguardará una comunicación formal del organismo de control para responder.
Méndez también defendió el mecanismo utilizado para la adquisición y distribución de combustible, argumentando que Alto Paraguay no cuenta con estaciones de Petropar y que las características geográficas del departamento obligan a utilizar mecanismos especiales de abastecimiento.
Asimismo, negó irregularidades en la entrega de becas, aportes y ambulancias y aseguró que existen documentos que respaldan las operaciones realizadas.
