Desde la Plaza Italia, integrantes de varias parcialidades y comunidades indígenas marcharon hasta el Palacio de Justicia, en la capital del país.
Con la movilización, exigen la reapertura del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) en Asunción, ya que argumentan que su cierre constituye la violación del artículo 29 de la Ley 904/81, que establece el domicilio legal de la sede en la capital del país.
“Es un reclamo justo y necesario a este desafiante gobierno”, expresó el vocero Antonio Portillo en NPY.
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Además, recordaron el artículo 65 de la Constitución Nacional por el cual “se garantiza a los pueblos indígenas el derecho a participar en la vida económica, social, política y cultural del país, de acuerdo con sus usos consuetudinarios, esta constitución y las leyes nacionales”.
Mediante un comunicado, destacaron —a su vez– el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, ratificado en la Ley 234/93, y la vigencia del Decreto 1039/18 “de protocolo de consulta y consentimiento libre, previo e informado”.
Portillo cuestionó que la designación del general retirado Juan Ramón Benegas, quien – a su criterio– “está fundiendo y llevando al infierno nuestra institución”.
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Otro de sus reclamos es por el respeto a las tierras ancestrales y el fin de los desalojos violentos, como así también un presupuesto para las compras de tierras y una mesa nacional de diálogo con los pueblos indígenas.
“Está en la vista del pueblo que en varias comunidades siempre hay desalojos violentos y procedimientos irregulares. Eso le reclamamos al Gobierno, que pare esta discriminación, atropello y maltrato hacia las comunidades indígenas”, afirmó.
“Nos sentimos paraguayos, nos sentimos uno más del Paraguay”, subrayó.
