La coordinadora general de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid), María Luisa Duarte, del pueblo Aché, explicó que en primer lugar está la seguridad de la tierra.
“Eso nos preocupa mucho porque hay amenaza de desalojo de diferentes comunidades y no se puede avanzar así teniendo una amenaza constante. La tierra es fundamental para nosotros porque es una forma de vida. Nosotros, como pueblo indígena, y cualquier ser humano, si no tiene su hogar seguro ¿cómo puede avanzar?”, expresó.
En ese sentido, mencionó que de las 700 comunidades indígenas solamente el 30% tiene aseguradas sus tierras. En el pronunciamiento, la articulación se quejó de que el Instituto Paraguayo del Indígena tiene apenas dos abogados encargados de hacer seguimiento a esta situación y que “el Gobierno prácticamente extinguió el presupuesto” destinado a este fin.
“Nosotros defendemos el territorio porque amamos la vida y nuestra vida está y depende del territorio”, sostuvo.
Frente a la sequía, los pueblos indígenas reclaman políticas públicas para acceder a agua segura, es decir, potable. Si bien parten camiones cisterna rumbo al Chaco, no alcanza a todas las aldeas y muchas recurren a agua estancada ante la desesperación, lo que deriva en enfermedades y muertes. Este es el segundo punto que reclaman las organizaciones indígenas.
Duarte dijo que las binacionales pueden ser la fuente de financiamiento de la compra de tierras para pueblos indígenas, especialmente de Itaipú tras la cancelación de su deuda por la millonaria construcción de la hidroeléctrica y teniendo en cuenta que ahora tendrá disponible más recursos. Paraguay tiene casi 6.110.000 habitantes, de los cuales solo 140.206 pertenecen a comunidades indígenas.
