Las primeras diligencias se realizaron en el centro asistencial público de esta localidad.
El doctor Nick Ocampos, responsable de la auditoría, afirmó que realizó entrevistas a todos los personales de blanco que estuvieron involucrados en la guardia en la tarde noche del lunes pasado, día en que se produjo la muerte de un niño de 8 años; además de hacer un recorrido sobre lo que ocurrió y la revisión del historial clínico del paciente.
El médico Juan del Puerto González había denunciado que se priorizaba el centro asistencial privado a donde derivar al paciente, que la vida, al señalar que el SEME indicó un sanatorio privado de Santa Rita ubicado a 74 kilómetros, teniendo otro sanatorio disponible a 7 kilómetros en Ciudad del Este. El niño falleció en el trayecto.
Conforme con la disposición de la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, la investigación incluye al Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias y la Dirección de Terapias Intensivas del MSP.
Una vez concluida las pesquisas, el interventor deberá informar a la Asesoría Jurídica del Ministerio, por lo que ayer se excusó de brindar mayores datos sobre las diligencias realizadas, para evitar emitir opiniones antes de terminar su trabajo, según su versión.
Antecedentes. La denuncia del médico se hizo viral en las plataformas digitales, en el que señalaba que se debía cuestionar a la ministra cuál es la prioridad, la de proteger la vida o otros intereses, tras el suceso registrado con relación al niño.
El paciente había ingresado en estado delicado, luego de haber sido automedicado durante 5 días por su madre, por la fiebre que padecía. Luego, los médicos vieron la necesidad de trasladarlo a cuidados intensivos y el Hospital Regional no tenía cama de terapia disponible, conforme con lo señalado por la directora, Marta Sosa.
Luego recurrieron al SEME, cuyos responsables supuestamente confirmaron que no había plaza en los hospitales públicos del país y recomendaron enviarlo al Sanatorio Medical Center de Santa Rita, medida dispuesta a través de una medida de protección de urgencia solicitada por el Ministerio de la Defensa Pública. El abogado Emilio González, defensor público, reforzó la hipótesis del médico denunciante, señalando que en casi todos los casos en los que intervino para pedir la medida de protección el SEME recomendó el mismo sanatorio privado.
