Según un informe de la Contraloría General de la República (CGR), realizado tras una auditoría al Instituto Nacional del Cáncer (Incán), más de G. 73.000 millones fueron asignados al Programa Nacional de Control del Cáncer para la compra de medicamentos oncológicos durante el ejercicio fiscal 2020, durante la emergencia por la pandemia del Covid-19.
Sin embargo, pese al dinero con el que se contaba, solamente fueron ejecutados cerca de G. 14.000 millones para la adquisición de fármacos, es decir, no se usó ni el 50% del presupuesto, informaron a través de Telefuturo.
“El Ministerio de Salud contaba con un presupuesto vigente en el ejercicio fiscal 2020 de G. 73.186.669.176 para la compra de productos e instrumentos químicos y medicinales. Sin embargo, lo ejecutado fue de G. 13.446.038.984, representando apenas el 18% de ejecución, situación que no condice con lo establecido en el artículo 1 y 18 de la ley Nº 6266/18, de Atención a las personas con cáncer”, expresa el documento.
Esto sucedió pese a los constantes reclamos por parte de pacientes y familiares, quienes padecían largos días de espera por insumos médicos o incluso, la falta total de medicamentos para sus tratamientos oncológicos.
“Los auditores pudieron vincular el aumento de casos de cáncer que hubo y no hay una estrecha vinculación, pero sí una indirecta vinculación. Había presupuesto para comprar remedios oncológicos, que no se compraron y casualmente subieron los enfermos de cáncer”, especificó al respecto el contralor General, Camilo Benítez.
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En contacto con Última Hora, el funcionario también señaló que dicha auditoria de la CGR realizada al Incán forma parte de un paquete de 500 intervenciones llevadas a cabo en instituciones públicas y que, tras los resultados, se analizará si corresponde presentar denuncias penales por cada caso.
Por su parte, el actual director del Incán y ex viceministro de la cartera de Salud, Julio Rolón, se deslindó de la responsabilidad en el caso y manifestó a Última Hora que el informe de Contraloría corresponde al periodo auditado en el que estaba a cargo del centro asistencial Nelson Mitsui.
No obstante, indicó que hasta julio de 2021, todos los pedidos se realizaban a nivel central, por lo que fue un año en que las compras “nunca se realizaban directamente del Incán, debido a que no tenía autorización para ello”.
“No negamos que existen muchas falencias. Pero el 2021 fue un año significativamente importante desde el punto de vista administrativo, porque por primera vez se realizó un llamado histórico, con una disponibilidad presupuestaria de G. 6.000 millones. Con relación al 2020, lo que hay que investigar es si esos recursos disponibles se destinaron a otra cosa o si se pagaron deudas”, alegó el funcionario.
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Además de dicha observación, el reporte de la CGR también refiere que el Incán, dependiente del Ministerio de Salud, “no realizó, ni coordinó con el Ministerio de Hacienda, para los anteproyectos de presupuesto de cada año, la programación de gastos a ser financiados con los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) para el Fondo Nacional para la Salud, incumpliendo lo previsto en el artículo 2º del decreto 10.082/12".
El Programa Nacional del Cáncer fue incorporado a partir del 2017 a la estructura orgánica y funcional del Instituto Nacional del Cáncer, dependiente del Ministerio de Salud Pública, con el fin de “optimizar el rendimiento de los recursos disponibles y consecuentemente, obtener la excelencia en la calidad de la presentación de servicios a la población”, según la cartera sanitaria.
