La Fiscalía de Curuguaty imputó al colono menonita Heinrich Friesen Hildebrand y a sus dos capangas, Carlos Hugo Alfonzo y Hugo César Alfonzo, por los delitos de abigeato, amenazas de hechos punibles y transgresión de la Ley de Armas.
La investigación fue impulsada por el fiscal de la Unidad Especializada contra el Abigeato, abogado Cristian Roig, quien además solicitó prisión preventiva para los capangas y arresto domiciliario para Friesen Hildebrand.
Este caso forma parte de un extenso conflicto judicial relacionado con una propiedad de 550 hectáreas, ubicada en la colonia Manduarã, en el distrito de Yasy Cañy, en Canindeyú, que actualmente cuenta con medidas de no innovar y un juicio de usucapión a favor de Jonás Alves.
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Alves es una de las víctimas del presunto robo de ganado, mientras que Fabio Rodríguez figura como arrendatario de una parte del terreno en disputa.
Reincidencia y estrategias dilatorias
Esta imputación es la segunda que enfrentan Friesen Hildebrand y sus capangas. Sin embargo, los acusados han recurrido a diversas maniobras legales para evitar presentarse ante la Justicia y cumplir con la orden judicial.
Según fuentes del Ministerio Público, las pruebas recogidas en el lugar son contundentes y respaldan la imputación.
El conflicto se intensificó hace más de seis meses, cuando Friesen Hildebrand, quien se identifica como representante de la comunidad menonita Sommerfeld de Campo 9, ingresó a la propiedad en disputa.
Según la denuncia, lo hizo con el uso de la fuerza, derribando portones con un tractor y acompañado por hombres armados, lo que generó una situación de alta tensión entre las partes.
Denuncias por abigeato
Jonás Alves y Fabio Rodríguez denunciaron la desaparición de al menos 50 cabezas de ganado, las cuales, según la acusación, fueron encontradas en un corral bajo la posesión de Friesen Hildebrand.
Este hecho derivó en la imputación por abigeato, un delito grave en la región debido a su impacto económico en los productores locales.
Las autoridades continúan con las investigaciones y se espera que en los próximos días se resuelvan los recursos interpuestos por la defensa de los imputados.
Mientras tanto, la comunidad sigue atenta al desenlace de este caso, que refleja un problema recurrente en la región: la disputa por tierras y la violencia vinculada a estos conflictos.
El Ministerio Público reiteró su compromiso de hacer cumplir la ley y evitar que los acusados continúen evadiendo la Justicia mediante tácticas dilatorias.
En tanto, los afectados exigen una pronta resolución del caso y el respeto a las medidas judiciales establecidas sobre la propiedad en litigio.
