El fiscal Fabián Centurión manifestó que la última información que manejan sobre el paradero de Mariángela Guidita Abdala Carísimo y Giselle Noemí Ferrer Pasotti es que a las 8.00 de nuestro país las dos abandonaron el hotel Ronny, situado en la ciudad de Formosa, en Argentina.
“Y de acuerdo con una hipótesis estarían yendo a Buenos Aires”, mencionó a través de NPY el representante del Ministerio Público que investiga la causa abierta por el daño al Panteón de los Héroes, el agente fiscal Ángel Ramírez.
Refirió que en conversación con un medio local de Formosa recibieron la información de que las connacionales estaban con un grupo de personas que estaban en cuarentena preventiva por el Covid-19.
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También indicó que van a solicitar informes a través de Cancillería, que incluye un reporte sobre la situación migratoria de las jóvenes.
Mariángela Abdala, Giselle Ferrer y Paloma Chaparro Panimboza fueron imputadas en el país por presuntos hechos punibles de daños a bienes de patrimonio cultural, perturbación de la paz pública y violación de la cuarentena sanitaria.
Las tres fueron sindicadas como supuestas responsables de la quema de una bandera paraguaya y daños al Panteón de los Héroes, en Asunción, el pasado 5 de setiembre.
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La Fiscalía anunció que pidió la captura internacional con fines de extradición contra las mismas, pero el juez Gustavo Amarilla afirmó que el documento aún no llegó a su poder.
Las jóvenes fueron convocadas además para este miércoles para la audiencia de imposición de medidas cautelares ante el juez penal de Garantías, Miguel Palacios.
Abdala confirmó en un video alzado en las redes el lunes que estaban en el hotel Ronny, agregando que lograron un “refugio precario” en el vecino país y que incluso estaban siendo amedrentadas por la Policía.
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El fiscal Ángel Ramírez anunció que más personas fueron imputadas en la causa investigada sobre el Panteón de los Héroes, sin embargo, detalló que hay algunas que fueron individualizadas pero todavía no identificadas.
Los investigadores pidieron colaboración por parte de la ciudadanía, que se comunique a la Fiscalía si se conocen los paraderos y si tienen novedades de los sospechosos.
Según el Ministerio Público, el artículo 41 de la Ley 5621/16 de Protección al Patrimonio Cultural prevé penas de hasta 10 años de cárcel en el caso.
