En medio de la huelga de médicos que apunta a mejores condiciones de trabajo e insumos para los hospitales, surgieron dos propuestas para aumentar el impuesto al tabaco y destinar los recursos al sistema de salud.
El miércoles, la senadora Blanca Ovelar planteó que el impuesto sea equivalente al 2% del jornal mínimo vigente, lo que, según el cálculo actual, representan G. 2.000 adicionales por cada cajetilla de cigarrillos.
A la par, el diputado Adrián Billy Vaesken impulsa una iniciativa que propone incrementar 10% el impuesto selectivo al consumo (ISC) aplicado a los productos derivados del tabaco y establece que los recursos generados sean destinados obligatoriamente al Ministerio de Salud Pública.
“La oposición debe presentar vías de solución a la precaria salud pública que ofrece el gobierno Peña-Cartes”, indicó Vaesken, quien se encuentra juntando las firmas para llevar a mesa de entrada el proyecto.
La propuesta opositora en Diputados retoma una propuesta planteada dos años atrás, cuando un grupo de legisladores habían impulsado un aumento del impuesto al tabaco para destinar lo recaudado a la compra de medicamentos oncológicos.
En 2024, los diputados opositores propusieron elevar un 2% el impuesto al tabaco con ese objetivo, pero la medida finalmente no prosperó a la hora de votar.
El proyecto actual sostiene que el sistema sanitario atraviesa una situación crítica, marcada por la falta de medicamentos e insumos, las deudas con proveedores, la sobrepoblación de los hospitales y las dificultades financieras que afectan a instituciones como el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Instituto Nacional del Cáncer (Incan).
En la exposición de motivos se menciona que el aumento del impuesto busca constituirse en una fuente específica de financiamiento para atender las necesidades más urgentes del sistema público de salud. Los proyectistas argumentan además que la medida permitiría reducir el consumo de tabaco y, al mismo tiempo, generar mayores ingresos para el Estado.
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El documento señala que la tasa del ISC aplicada al tabaco en Paraguay actualmente se ubica en torno al 22%, mientras que, según los fundamentos de la propuesta, en otros países de la región la carga impositiva sobre estos productos representa entre el 40% y el 60% del precio final.
El proyecto establece que los fondos adicionales generados por el incremento deberán ser depositados en una cuenta especial del Ministerio de Salud y utilizados exclusivamente para tres objetivos.
El primero será la adquisición de medicamentos e insumos oncológicos destinados a la red pública de salud y al Incan. El segundo contempla la cancelación de las deudas existentes con proveedores de medicamentos e insumos médicos.
El tercer destino será la creación de un fondo para la reivindicación salarial del personal de salud, mediante un esquema de aumentos progresivos y escalonados de acuerdo con el vínculo laboral.
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La propuesta establece además que la administración de estos recursos estará a cargo del Ministerio de Salud, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República, y que el dinero no podrá ser utilizado para fines distintos a los establecidos en la ley.
Los impulsores de la iniciativa sostienen que, ante la magnitud de la crisis sanitaria, la financiación del sistema no puede depender únicamente de la recaudación general del Estado.
