Según explicó Villarreal, el cierre o la apertura de las importaciones de frutas y hortalizas se realiza muchas veces sin un análisis técnico o diálogo previo con todos los actores del sector. “Hoy, por ejemplo, se está restringiendo la importación de mandarina, cuando todavía no hay suficiente producción nacional para abastecer el consumo interno. Esto no solo encarece los precios, sino que abre la puerta al contrabando”, afirmó.
El dirigente gremial aseguró que decisiones como estas impactan directamente en los precios al consumidor. “El locote llegó a costar G. 24.000 el kilo, y el tomate, G. 20.000, la semana pasada. No puede ser que se cierren las importaciones sin prever el abastecimiento”, lamentó. También alertó que la falta de planificación e informes técnicos genera incertidumbre y perjudica a toda la cadena comercial, desde los importadores hasta los trabajadores y consumidores.
En ese sentido, propuso la creación de una mesa técnica y permanente de diálogo entre importadores, productores nacionales y autoridades, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Dirección de Comercialización del MAG y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave). “No estamos en contra de la producción nacional, la apoyamos totalmente. Pero también se debe velar por el bien común, que incluye al consumidor y a los trabajadores que dependen del comercio frutihortícola”, sostuvo.
Villarreal también cuestionó la representatividad de algunas asociaciones del rubro que participan en las reuniones oficiales. “Hoy solo se escucha a una asociación, que no nos representa a todos. Somos varios comerciantes, incluso del interior del país, que no tenemos voz ni voto en esas mesas. No se pueden seguir tomando decisiones políticas o arbitrarias que afectan a todo el sector”, apuntó.
El importador recordó que existen normas internacionales, como las de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Mercosur, que regulan el comercio de alimentos y que exigen notificaciones previas antes de establecer restricciones a la importación. “Acá no se hacen los informes ni las comunicaciones como corresponde. Todo se maneja de forma improvisada y con fines políticos. El campesinado tiene peso electoral y eso influye mucho en estas decisiones”, concluyó.
Desde el sector de importadores solicitan con urgencia transparencia, previsibilidad y apertura al diálogo para que las decisiones relacionadas con el comercio de productos agrícolas sean equilibradas y beneficien a toda la sociedad.
