La Coordinación Nacional de Pastoral Indígena (Conapi) y la Coordinación de la Pastoral Social Nacional (PSN) de la Conferencia Episcopal resaltaron en un comunicado conjunto las manifestaciones de diversos sectores que salieron a las calles para que sus reclamos sean escuchados.
En ese contexto, expresaron su preocupación ante la violencia ejercida contra la comunidad indígena Karapã, de Canindeyú, que “fue violentada por civiles armados y que ya han producido un hecho de sangre que, gracias a Dios, no tuvo un desenlace fatal”, manifestaron en el escrito.
Seguidamente, indicaron que este hecho puntual y grave requiere de una respuesta urgente de resguardo, seguridad e integridad de la comunidad indígena.
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“Las agresiones y violencia contra las comunidades indígenas no son hechos aislados, lo que nos lleva a referirnos de manera especial a la situación que afecta a los pueblos y comunidades indígenas del país”, se explayaron.
Igualmente, invitaron a reflexionar sobre las posibles causas que llevaron a las distintas comunidades y agrupaciones indígenas a hacerse visibles y reclamar la atención al Estado, con medidas de protestas como el cierre de rutas.
Alertaron que las comunidades indígenas sufren “la discriminación cultural, así como la ausencia del Estado para generar y apoyar con presupuesto adecuado las políticas públicas que favorezcan su promoción humana integral”.
En este sentido, exigieron a las autoridades adoptar medidas urgentes de protección y la seguridad e integridad de la comunidad indígena Karapã, que sufrió el asedio y la agresión de civiles armados, que destruyeron sus casas y cultivos.
Senadora denunció el hecho
La senadora Esperanza Martínez, a través de X, denunció la situación y exigió al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) “que funcione de una vez por todas” y les restituya sus tierras.
“Entraron matones, quemaron los ranchos de los indígenas. Hicimos la denuncia en Canindeyú y se fueron a intervenir, pero la finca privada les prohibió entrar, a pesar de que se estaban quemando los ranchos”, señaló.
Sostuvo que desde una camioneta dispararon a un adolescente de 15 años.
La comunidad responsabiliza a grupos armados vinculados a la empresa que reclama la propiedad de estas tierras ancestrales.
“Este es el Gobierno soberano que se llena la boca hablando del gigante que despierta y de la garra guaraní”, publicó en la red social.
Describió que se trata de una comunidad que está dispersa por el monte, a la que se le donan alimentos y “estos matones no permiten que la ayuda humanitaria llegue”.
