El gerente financiero de la Entidad Binacional Yacyretá, Federico Vergara, reconoció que la institución podría funcionar con una menor cantidad de funcionarios, aunque sostuvo que los altos salarios y beneficios están regidos por normas binacionales y no pueden modificarse de forma discrecional.
“El tema siempre se instala desde la percepción ciudadana, que respetamos, pero hay que diferenciarla de la realidad jurídica de la empresa”, explicó tras las publicaciones de Última Hora sobre los salariazos en la binacional.
Precisó que cuando iniciaron las obras de Itaipú y Yacyretá, se conceptualizó el nivel salarial de la gente que trabaja en la EBY. “Eso no se instaló ahora. Hay un protocolo que forma parte del tratado, de seguridad y trabajo, que establece las normas básicas de cómo se maneja. Es más, no solamente es para los funcionarios. Las empresas contratistas que trabajan en Yacyretá deben apuntarse a ese protocolo”, indicó.
Alegó que los salarios y beneficios en Yacyretá no son discrecionales, sino que están establecidos en reglamentos internos y en el contrato colectivo de trabajo, derivados incluso de protocolos incluidos en el tratado binacional.
“No es que un director decide a quién darle beneficios. Todo está normado por porcentajes según cargo, antigüedad o condiciones como el desarraigo”, indicó.
Afirmó que los beneficios “están claramente establecidos”, y detalló que se definen en función de distintos factores como el título profesional, el cargo, la antigüedad y, en el caso de funcionarios que deben trasladarse desde Asunción a la central hidroeléctrica, el desarraigo.
Comentó que la entidad enfrenta innumerables demandas judiciales de trabajadores contratados que no cobran ese beneficio “y que cuando nos demandan nos ganan”. Indicó que el Juzgado les obliga a abonar, “no solamente desde ahí, sino para atrás y son sumas multimillonarias”.
Precisó que las mismas reglas se manejan en el lado argentino, en relación con las asignaciones y los ajustes. “Ellos tienen muchos más ajustes salariales que nosotros, porque está establecido el ajuste por el IPC y van ajustando porque tienen una devaluación mucho más grande”, dijo.
Sobre la posibilidad de reducir el impacto presupuestario en cuanto a salarios, explicó que existen dos caminos: la desvinculación de personal o una reestructuración presupuestaria. Sin embargo, remarcó que implica contar con recursos para indemnizaciones. “Si no pagás, te demandan y logran la reincorporación. No es una decisión inteligente”, sostuvo. El otro camino es la reestructuración del presupuesto y evaluar cómo el impacto será menor.
También aseguró que desde el inicio de la actual administración se redujo la plantilla en unos 170 funcionarios, pasando de cerca de 1.900 a aproximadamente 1.700 empleados del lado paraguayo.
Al comparar con Argentina, donde hay alrededor de 700 trabajadores, explicó que la diferencia responde al impacto territorial de la represa. “El 80% del área afectada está en Paraguay, lo que implicó relocalizaciones, obras sociales y una gran demanda de profesionales”, detalló.
No obstante, reconoció que el número actual podría ser menor. “Si me preguntás si Yacyretá necesita 1.800 funcionarios, quizás se necesiten 1.200. Pero el problema es cómo desvincular a personas que tienen estabilidad laboral”, afirmó.
“¿Cómo sacás a gente que tiene estabilidad laboral? Entonces, cuando algunos legis- ladores, por razones políticas, plantean la panacea de la solución, pero no te dicen cómo, se demuestra la realidad de las cosas”, expresó.
Además, cuestionó a referentes de la oposición y señaló que “resulta llamativo que ahora descubran la pólvora”, al recordar que durante sus administraciones no impulsaron cambios. “Si era tan fácil, ¿por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno? Muy por el contrario, aumentaron la cantidad de funcionarios y elevaron considerablemente la escala salarial”, afirmó. Explicó que ese incremento se dio bajo una figura denominada “reestructuración salarial”, mediante la cual, en lugar de reducir los sueldos existentes, se aplicaron aumentos que rondaron el 40%. “El salto salarial que se dio desde el gobierno de Nicanor al de Lugo fue escandaloso”, sostuvo. Indicó que no es viable reducir salarios de forma unilateral. “Hoy no se le puede decir a un trabajador: ‘voy a bajarte el sueldo en un 50%’, porque eso no es legal ni posible“, sostuvo.
