Su ingreso al penal se produjo ayer en horas de la mañana, en compañía de Miguel Ángel Robles, ex director de Gabinete de la Gobernación de Central, quien también debe cumplir una pena carcelaria de 10 años y es considerado por el Tribunal de Sentencia como la persona que “ideó y ejecutó el plan para que los G. 5.105.600.000 que recibió la Gobernación del Departamento Central del Poder Ejecutivo, sean direccionados a una fundación, utilizando su cercanía con el gobernador para convencerle de ejecutar un plan y realizar el desembolso de fondos”.
Ambos fueron asignados su reclusión en el Pabellón Libertad, que es administrada por la Iglesia Concordia de los Hermanos Menonitas, según confirmó Juan Rafael Caballero, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia.
Sus traslados a dicho pabellón religioso se realizará luego de que ambos condenados cumplan con los primeros cinco días de encierro en el sector de admisión. En la causa también fueron condenados otros cuatro funcionarios de la Gobernación de Central.
El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por las juezas Karina Cáceres, como presidenta, e integrada por las magistradas Yolanda Morel y Ana Rodríguez.
lectura de sentencia. Durante la sentencia, la jueza Cáceres mencionó que, en su carácter de director de Gabinete de la Gobernación de Central, Miguel Robles, coincidente con la promulgación de la Ley de Apoyo Financiero a los gobiernos departamentales para la reactivación económica a causa del Covid-19, en noviembre el 2020, concretó una reunión con el presidente de la Fundación CIAP, Tadeo Álvarez Cristaldo.
Durante el encuentro, le propuso trabajar con la Gobernación para la supuesta ejecución de obras civiles a cambio de un 10 por ciento del monto de dinero que se recibiese del Gobierno Central para utilizar el nombre de su fundación, ya que él tenía todos los papeles en regla, “y que ellos, es decir, el señor Robles y su equipo de funcionarios de confianza, se encargarían de conseguir la documentación respaldatoria y que ellos ejecutarían los trabajos correspondientes a esas obras”.
La magistrada expuso que la Fundación CIAP, de acuerdo a su estatuto, es una ONG que tiene como objetivo el apoyo a futuros profesionales de diversas disciplinas, que nada tiene que ver con la protección y ejecución de obras.
“Tal fue su grado de incidencia en el hecho que (Robles) consiguió el apoyo y la colaboración de funcionarios de la Gobernación para conseguir estos propósitos, valiéndose siempre de su calidad de alto funcionario, a tal punto de su relación con el instigado, Hugo Javier, se dio una subordinación. Quedó demostrado que él determinó la producción de la decisión y causó el dolo en la ejecución del hecho”, argumentó la jueza Karina Cáceres.
