Las empresas se declaran sin recursos para implementar mejoras mientras que el Gobierno ve como única salida al colapso del sistema la implementación de una reforma total y busca tener como su principal aliado a la tecnología.
El viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, aseguró que tras el levantamiento del paro la institución a su cargo seguirá con los controles de frecuencia de modo a detectar posibles reguladas por parte de las empresas, situación que se venía denunciando durante las negociaciones con los empresarios.
El titular de la institución, dijo a ÚH que incluso se está culminando el desarrollo de una herramienta tecnológica que permitirá fortalecer los controles.
“Más que un compromiso por parte de los empresarios, ellos están en la obligación de cumplir con las frecuencias”, aseguró.
Cetrapam nuclea al 70% de las empresas que operan en el área metropolitana. Una de las exigencias planteadas por el gremio tiene relación con la necesidad de que el aporte estatal por el pasaje sea cargado directamente a las tarjetas de los usuarios. El pedido se fundamenta en los retrasos en los desembolsos, que según su portavoz, César Ruiz Díaz, deriva en un desequilibro financiero de los operadores.
Por su parte, el viceministro del Transporte, dijo que se cuentan con las herramientas necesarias para que, en caso de que se acuerde el traspaso del subsidio a los pasajeros, los números sean verificados, evitando así los llamados pasajeros fantasmas.
Reforma. El Viceministerio de Transporte avanza en la redacción de un proyecto de ley por el que se establece la reforma integral del sistema de transporte público. Para las autoridades esta es la única salida al problema que viven los usuarios en las calles ante el ineficiente servicio.
El proyecto de ley contempla la renovación de las flotas, la reestructuración de los itinerarios, actualización de las normas, así como también el fortalecimiento del Viceministerio del Transporte como ente regulador del servicio.
Debido a que la intención de las autoridades es avanzar con esta propuesta, el Gobierno tomó la determinación de renovar las licencias a las empresas por un periodo que no supere los 18 meses, mientras que las firmas operadoras piden que esto sea automático y por 7 años, como se acostumbraba.
Contra reguladas. Emiliano R. Fernández, dijo ayer a ÚH que el periodo de 90 días acordado con los empresarios en el marco de las negociaciones no constituye un periodo de gracia.
El funcionario aseguró que este plazo será solo para seguir con las mesas técnicas en las que se evalúan soluciones a los reclamos del sector privado.
Asimismo, el viceministro aseguró que los controles de frecuencia no se reducirán. En la misma línea, dijo que se está avanzando en la implementación de una herramienta tecnológica que les permitirá el monitoreo de las unidades y el control de las frecuencias.
