Al mismo tiempo se había ignorado el pedido de los estudiantes universitarios de blindar el presupuesto que asegura la continuidad del programa Arancel Cero para la educación superior. Los niños y las niñas pobres pronto entenderán la gravedad de las decisiones del Gobierno; los universitarios ya lo hacen y por eso ha vuelto a encenderse la mecha de la rebeldía.
Inicialmente, Arancel Cero también quedaba desfinanciado, igual que otros importantes ítems, como la salud mental y la investigación. Sin embargo, en un inútil intento por calmar las aguas, los diputados introdujeron modificaciones y así el programa de gratuidad en la educación superior pasa a depender de Fuente 10 de los Recursos del Tesoro, lo que equivale a decir de los impuestos.
Pese a la insistencia de parte del Gobierno respecto a que el financiamiento del Arancel Cero estará blindado con recursos del Tesoro, los estudiantes están movilizados y en protesta, varias facultades tomadas e incluso el Rectorado de la Universidad Nacional. Los jóvenes no creen en el discurso oficial; opinaron respecto al comunicado gubernamental que se trataba de que “la Fuente 10 no es una fuente segura y nosotros ahora mismo estamos manteniendo la posición de pedir la derogación de la Ley Hambre Cero”, decía uno de los dirigentes.
Los estudiantes consideran que, al cambiar el financiamiento del Arancel Cero por recursos del Tesoro, se corre un riesgo de desfinanciamiento debido a que dependerá de la disponibilidad del Presupuesto. Actualmente, la gratuidad de las universidades está cubierta con Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, el cual queda eliminado por la Ley Hambre Cero.
La imposición de Hambre Cero no solamente afectará a los estudiantes, también afectará al desarrollo y el sostenimiento de las investigaciones científicas y sus fundamentales contribuciones a la sociedad. Y aquí cabe preguntar ¿qué tipo de modelo de desarrollo plantea el Gobierno de Santiago Peña dejando sin recursos a la educación, la ciencia y la tecnología?
Tienen razón los estudiantes cuando desconfían de que los fondos de Arancel Cero ya no estarán asegurados.
Basta recordar, por mencionar un ejemplo, el caso de la experiencia de las ollas populares y la Ley 6945 de “Comedores y Centros Comunitarios”, que a dos años de su promulgación aún no recibieron los desembolsos anuales para su ejecución precisamente por falta de presupuesto.
A escasos diez meses de asumir el Gobierno, el crédito de Santiago Peña se va reduciendo cada vez más. En el caso de la Ley Hambre Cero y la manera en que han impuesto el proyecto sin permitir debates, cuestionamientos ni consultas públicas se demuestra una peligrosa vocación autoritaria.
Al mismo tiempo resulta grave comprobar la absoluta falta de credibilidad y confianza hacia el Gobierno, precisamente por el tipo de decisiones que viene tomando y sobre todo por la forma escasamente democrática de conducirse.
Peña debe gobernar para el bienestar de todo el pueblo paraguayo, no solo para un grupo privilegiado.
