En el uso de la palabra de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de este miércoles, el legislador cartista y vicepresidente de la CBI se refirió a su situación tras filtrarse un audio suyo donde habló de “unas boludeces que pidió Santi” –nombrando al presidente de la República– y sobre un plan para seguir ventilando información y datos que manejan las oenegés.
Alegó que desde la calificada “comisión garrote” tienen la “obligación” de recabar datos de los fondos del Estado que están “comprometidos”.
“Son los dirigentes de las oenegés que no quieren rendir cuentas, porque ocultan la plata que usaron y es plata que vino para la ciudadanía. Usaid y el Gobierno de Paraguay firmaron un convenio, donde el Gobierno de Paraguay compromete fondos”, espetó.
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Dijo que las informaciones entregadas por las organizaciones hasta el momento poseen indicios de precios “no razonables” con plata del Estado paraguayo. “Tenemos la obligación de saber si hay más. Cuántos son. Rendir cuentas a la Justicia Electoral y la Fiscalía”, insistió.
En respuesta al senador opositor Eduardo Nakayama (independiente), aseguró que “están haciendo su trabajo” desde la CBI. En otro momento, contestó a Ignacio Iramain (PEN) y resaltó parte de su conversación filtrada.
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“En el audio dije que lo que les queda es atacar por lo inconstitucional. La sanción que quedó en Diputados lo aclara. Le pido que escuche el audio. Hay oenegés que no rinden cuentas de la plata que manejan para el bien de la ciudadanía y algunos colegas que piden mi renuncia de la CBI. El día que las oenegés rindan cuentas, consideraré renunciar a la CBI”, advirtió.
El audio filtrado se difundió en un grupo de WhatsApp, donde Leite hizo referencias al proyecto sancionado el último martes en la Cámara Baja, en el que se establecen controles para endurecer la artillería contra las organizaciones sin fines de lucro.
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Leite forma parte de la Comisión Bicameral de Investigación bautizada como “comisión garrote” contra las oenegés. El trabajo de esta instancia legislativa se centró en solicitar información a las organizaciones que recibieron financiamiento de Usaid para realizar diferentes programas en materia de democracia, investigación, justicia y capacitación.
Una vez que algunas organizaciones entregaron documentación, coincidentemente, operadores cartistas en las redes sociales empezaron a filtrar y atacar a activistas, abogados y periodistas que realizaron algún tipo de trabajo, buscando estigmatizarlos.
La artillería del oficialismo apunta a cuestionar que algunas personas fueron candidatas de la oposición y que tuvieron vinculación con algunas de las organizaciones civiles.
