11 oct. 2025

Guardiacárceles y funcionarios del Registro Civil logran acuerdo con Gobierno

Los funcionarios del Registro Civil, que estaban en huelga, y los guardiacárceles, que amenazaban con la medida de fuerza, llegaron a un acuerdo con las autoridades del Gobierno, según se dio a conocer este martes.

Foto: Gentileza.

La huelga de los funcionarios del Registro Civil, que se inició el pasado 22 de octubre, fue levantada en horas de la tarde, tras llegar a un acuerdo con autoridades del Gobierno. Así también lo hicieron los guardiacárceles.

La viceministra Cecilia Pérez, en representación del Ministerio de Justicia, manifestó en conferencia de prensa que los funcionarios del Registro Civil aceptaron las propuestas alternativas del Gobierno a sus reclamos.

De esta manera, desde enero próximo, obtendrán la suma mensual de G. 400.000 en concepto de trabajo insalubre (para oficiales del Registro) y habrá un reajuste salarial, por lo cual nadie percibirá menos de G. 3.200.000.

Lea más: Funcionarios del Registro Civil se movilizan por reajuste salarial

“El Ministerio (de Justicia) se compromete al cumplimiento de esto y ellos van a controlar los pagos mensuales”, expresó Pérez.

Los agentes penitenciarios, por su parte, están ultimando algunos detalles, pero ya anunciaron que dejan sin efecto la amenaza de huelga y que se consiguieron casi todas las reivindicaciones que estaban solicitando.

Nota relacionada: Jueza concede amparo para evitar huelga de guardiacárceles

Uno de los representantes de los guardiacárceles explicó a NPY que piden que no haya represalias hacia los funcionarios que anunciaron la medida de fuerza.

La medida de fuerza

Unos 553 funcionarios del Registro Civil habían ido a huelga con el objetivo de exigir un reajuste salarial al Ministerio de Justicia y el cumplimiento de un contrato colectivo.

Desde el Sindicato Nacional de Oficiales Públicos del Registro del Estado Civil habían informado que en mayo se celebró una mesa paritaria con el entonces ministro Julio Ríos, con el objetivo de fijar una matriz salarial para los funcionarios de G. 4.560.000 (oficiales) y G. 2.534.000 (administrativos).

Por otra parte, más de 1.600 funcionarios penitenciarios de unos siete sindicatos habían anunciado una huelga para exigir también un reajuste y el cumplimiento del contrato colectivo a Justicia, además de mejores condiciones laborales.

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