Un grupo de gremios expresaron su respaldo a la actual administración de la cementera estatal, destacando su apertura al diálogo, el compromiso institucional y la gestión orientada al fortalecimiento del sector productivo y de las comunidades vinculadas a la actividad minera.
Asimismo, remarcaron que las asociaciones y cooperativas desarrollan sus actividades dentro del marco legal, con reconocimiento de la INC, contribuyendo al desarrollo económico y social de la región.
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Los firmantes también se desligaron de manifestaciones o acciones impulsadas por terceros, a quienes calificaron como “personas inescrupulosas” con intereses políticos, acusándolos de generar desinformación y afectar la imagen y la unidad del sector.
Finalmente, reiteraron su compromiso con la transparencia, el trabajo conjunto y el diálogo como pilares fundamentales para el progreso de la comunidad.
El comunicado lleva la firma de Gerardo Daniel Palma (Asociación de Caleros y Cantereros Tres Cerros), Fabio Areco (Asociación Ita Ybate), Emigdio Areco (Asociación de Mineros y Afines de Cerro Tigre) y Juan Pablo Torres (Cooperativa Multiactiva Cerro Tigre).
Pedido de destitución del titular de la INC
El pronunciamiento de las asociaciones y cooperativas se da en respuesta a una denuncia previa realizada por directivos de la Asociación de Mineros, Cantereros y Afines de Cerro Tigre, quienes habían solicitado la destitución del presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC), Gerardo Guerrero.
Según ese sector, existiría una supuesta politización en la distribución de terrenos para la explotación minera, asegurando que los beneficios estarían siendo direccionados hacia un grupo vinculado al precandidato a intendente municipal y actual concejal, Julián Ortiz.
En contrapartida, el propio Ortiz rechazó estas acusaciones y sostuvo que la politización proviene del sector liderado por Ruth Escobar, junto a otras cinco personas, identificadas como integrantes del Partido Liberal.
Afirmó, además, que el trasfondo del conflicto radica en deudas que este grupo mantiene con la INC, lo que —según dijo— habría motivado las denuncias.
De esta manera, el conflicto en el sector minero de Vallemí suma nuevos capítulos, con posturas enfrentadas entre distintos grupos que operan en la zona y acusaciones cruzadas sobre presuntos intereses políticos y administrativos en torno a la explotación de los recursos.
