Integrantes de la Asociación de Mineros, Cabeceros y Afines Cerro Tigre de Vallemí manifestaron su rechazo a la gestión del presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC), Gerardo Guerrero, y solicitaron su destitución, alegando irregularidades en la asignación de terrenos y la negativa a firmar contratos que permitan continuar con la actividad extractiva.
Ruth Escobar, presidenta del gremio, señaló que desde hace más de un año vienen insistiendo ante la institución para la firma de un contrato de usufructo por un periodo de cinco años, sin obtener respuestas favorables. Explicó que la actividad minera representa el principal sustento económico de numerosas familias del distrito y que actualmente se encuentra paralizada, afectando directamente a comerciantes y trabajadores del sector.
Según indicó, el conflicto se remonta a años atrás, cuando los mineros fueron reubicados en zonas con baja calidad de material, lo que dificultó la continuidad de las operaciones. Posteriormente, solicitaron nuevas áreas de trabajo, pero la INC rechazó el pedido con el argumento de que se trataba de zonas de reserva institucional.
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Sin embargo, los manifestantes denuncian que, pese a esa restricción, se habrían otorgado terrenos a actores vinculados políticamente, lo que interpretan como un trato desigual. “Históricamente solo se conceden pequeñas parcelas, pero se habría cedido una extensión mayor a un candidato político”, sostuvo Escobar.
Asimismo, cuestionaron nuevas exigencias económicas impuestas por la INC, como el cobro retroactivo por la producción de cal, lo que generaría deudas millonarias para los trabajadores. A esto se suma la negativa a habilitar hornos utilizados desde hace décadas, bajo el argumento de impacto ambiental, situación que –según los mineros– no se aplica de forma uniforme a otros grupos.
Por su parte, Antonio Insfrán, presidente del Gremio de Mineros Cerro Tigre, coincidió en las críticas y acusó directamente al titular de la INC de favorecer a un sector político específico en la adjudicación de canteras. Además, denunció una supuesta discriminación por razones partidarias y reclamó condiciones claras para invertir en infraestructura minera.
Los trabajadores también solicitaron una audiencia con el presidente de la República, Santiago Peña, con el objetivo de exponer la situación y destrabar el conflicto. Insisten en que su principal pedido es la regularización de sus actividades mediante contratos de largo plazo que les brinden estabilidad laboral.
Finalmente, advirtieron que la falta de políticas claras y garantías para el sector está provocando la explotación desordenada de los cerros, sin planificación ni inversiones adecuadas, lo que podría derivar en un deterioro ambiental y económico a largo plazo.
