Iniciamos el año con una noticia inquietante: Nada menos que siete denuncias por violencia familiar fueron desestimadas por prescripción, vale decir que se superó el plazo máximo para que se inicie la causa, sin que haya habido una imputación por parte de la Fiscalía. En el 2024 recordamos un juicio por violencia doméstica que fuera suspendido en más de una docena de ocasiones. Para erradicar la violencia contra mujeres, niñas y niños queda aún mucho por hacer y esa carga pesa en gran medida en las instituciones del Estado.
En agosto de 2024, otra jueza estuvo en el eje de la polémica, cuando se denunció la excesiva mora en un caso por violencia familiar, dicha magistrada ya tenía un proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) al haber sido denunciada por una presunta parcialidad manifiesta en un caso de presunta violación del deber de cuidado. En el caso aludido, fue señalada en un proceso porque se había suspendido en diecinueve ocasiones el inicio de un juicio por violencia doméstica.
Otro caso relacionado con la violencia y los errores de las instituciones sucedió recientemente y está relacionado con la recientemente implementada tobillera electrónica. Una joven víctima de violencia se enteró a través de los medios de comunicación que su agresor iba a ser el primer beneficiado con arresto domiciliario con uso de la tobillera electrónica, esta no fue informada sobre la medida de arresto domiciliario con la tobillera.
En su testimonio relató que sufrió maltratos durante 13 años, con salvajes golpizas y amenazas, hasta que decidió denunciar; el más reciente incidente había sido escasas semanas antes, cuando su victimario la golpeó durante horas, y todo quedó registrado en el teléfono celular de la mujer. La víctima hizo la denuncia, el hombre salió de la casa, y un Juzgado de Paz le impuso una medida de restricción. Luego le dieron arresto domiciliario con uso de tobillera y obviamente, ella temió por su vida.
Su testimonio fue crucial para que posteriormente una jueza decidiera revocar el arresto domiciliario con uso de tobillera electrónica del procesado por violencia y el hombre fue remitido a la cárcel de Tacumbú. Nada de esto hubiera sido posible sin el valiente testimonio de la víctima, cuando las instituciones le fallaron.
Finalmente, debemos mencionar el caso de Katia Monserrath Brítez Torres, de 20 años, quien en 2023 cuando llegaba a su casa en la ciudad de Lambaré, fue atropellada por lo menos cinco veces por su ex pareja. Katia falleció en el hospital.
El agresor tenía arresto domiciliario por una causa de violencia familiar contra la joven, en febrero había sido imputado por violencia familiar, y además de violar su arresto domiciliario se dedicaba a controlar a su ex pareja a través de las redes sociales.
La potencial condena de 30 años para el feminicida de la joven puede ser ejemplar, pero sin duda, llega muy tarde, cuando ya una mujer está muerta y sus hijos han quedado huérfanos. También en el caso de Katia Brítez falló el mecanismo de protección por parte del Estado.
En el país contamos con todos los instrumentos, tenemos, por ejemplo, dos leyes contra la violencia machista y para garantizar el derecho a una vida libre en igualdad, las leyes 1600 y la 5777, todas son muy importantes y muy necesarias, pero sin el eficiente funcionamiento y la rápida respuesta de las instituciones de nada servirán.
Cada mujer muerta representa el fracaso del Estado. Necesitamos encarar un gran cambio social, y una de las prioridades debe ser la educación, para lograr que las mujeres ya no sean más objeto de violencia. Toda clase de violencia machista hacia las mujeres será erradicada cuando la sociedad pueda reconocerlas como personas iguales en derechos y dignidad.
