05 sept. 2025

Gobernador de Itapúa niega irregularidades en su gestión

28841265

Denuncia. Pereira dijo que Soroka y Dionisio le persiguen.

GENTILEZA

Javier Pereira, gobernador de Itapúa, se refirió a las denuncias del senador colorado Colym Soroka con relación al almuerzo escolar y las adjudicaciones otorgadas para la provisión de alimentos para el programa Hambre Cero en los distritos de dicho departamento.

Pereira salió al paso de las acusaciones y negó categóricamente que su administración incurra en despilfarro. Señaló que es víctima de persecución política desde hace bastante tiempo por parte de algunos congresistas.

Afirmó que a nivel nacional, Itapúa es uno de los departamentos con el costo de adjudicación más bajo, tanto en desayuno, almuerzo y merienda.

“Estamos recibiendo varias noticias que carecen de veracidad, el proyecto Hambre Cero es un proyecto del Presidente de la República del Paraguay en donde lamentablemente existen personas que quieren modificar o tergiversar lo que es este proyecto. Referente a las últimas denuncias que están presentando un senador nacional quiero manifestar que esto viene desde el año pasado con este tipo de persecución y para aclarar los precios referenciales del almuerzo escolar era de 9.700 y fue adjudicado a 11.224 para el año 2021, posteriormente este año tuvimos un precio referencial de G. 13.781, luego viene el proyecto de Hambre Cero que no afecta a este llamado a licitación, el día de ayer hice la nueva adjudicación por un precio de G. 12.700”, refirió.

Dijo además que varios departamentos ya hicieron adjudicaciones de almuerzo y merienda escolar.

“Esto es una persecución política de esta persona que se refiere a sobrecostos y sobrefacturación, cuando asumimos esta administración se debía G. mucho y nosotros honramos las deudas anteriores y hemos cumplido”, sostuvo el gobernador liberal.

“Tenemos adjudicado a una empresa merienda y desayuno y a otra empresa almuerzo. No es cierto que hay sobrefacturación y que se va a ahorrar 7 millones de dólares. Ojalá se pueda dar un plato de calidad a G. 10.000, pero ese monto es del año 2022. Cuando asumí la Gobernación encontré una deuda del año 2021 y 2022, más el vigente 2023 que se estaba ejecutando. Ahora honramos el 100% el compromiso institucional. En nuestra gestión 2024 se adjudicó a 13.790 guaraníes el plato. Considerando los años atrás y comparando lo que hemos adjudicado que no tiene que ver con Hambre Cero, no existen (irregularidades)”, sentenció.

Más contenido de esta sección
Los senadores del cartismo rechazaron el pedido de tratar la ley del registro biométrico de votantes, que evita el cargado de máquinas, el voto de muertos o el doble voto. El proyecto duerme en el Congreso desde el año pasado. El TSJE incluso dio su visto bueno.
El senador Rafael Filizzola advirtió que la acusación contra Hernán Rivas por falsificación de título universitario abrirá un debate jurídico complejo, ya que sus decisiones en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) podrían ser impugnadas.
Cartistas y aliados votaron a favor del cambio de reglamento y posterior designación de Basilio Bachi Núñez como presidente del Congreso Nacional hasta el 2028. Dionisio Amarilla mantiene la vicepresidencia segunda y Natalicio Chase será vicepresidente primero desde el 1 de julio de 2027.
La senadora Lizarella Valiente solicitó informes a la Dinac sobre las planillas en las que aparece como funcionaria con un salario devengado de G. 7.600.000 como funcionaria de esta dirección. Valiente enfatizó que las planillas son un documento público con contenido falso. Apuntó a identificar a funcionarios que cargan las planillas.
El senador Mario Varela advirtió que existe presión comercial y política por intereses del entorno del presidente en el arrendamiento de máquinas de votación. Pidió vigilancia ciudadana e internacional para cuidar la voluntad popular en las elecciones.
El senador Alfonso Noria defendió su reclamo al director de la DNIT, Óscar Orué, tras el cierre de comercios en Curuguaty. Logró la aprobación de una declaración que insta a implementar campañas de concienciación tributaria en comunidades vulnerables, alegando que los comerciantes no rechazan pagar impuestos, pero carecen de información y presencia institucional en el interior del país.