La abogada defensora, Noemí Barreto, señaló que la denuncia fue realizada la semana pasada por violencia de los derechos humanos (DDHH) consagrados en la Convención Americana, a petición de don Alberto Medina, padre de Anderson Medina, víctima de gatillo fácil.
Barreto mencionó a Última Hora que se pretende que el Estado repare los daños causados en las diligencias del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Además, pide que se garanticen los derechos de Medina y su familia, ya que supuestamente son objeto de amenazas por parte del policía Narciso Cañete.
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Para la abogada, la familia Medina fue violada en sus derechos explícitos de la Declaración Universal de DDHH en los artículos: 3, “Derecho de la libertad y seguridad de las personas"; 5, “De la prohibición de tratos crueles e inhumanos o degradantes"; 10, “Del derecho a ser oídos públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial”, y 12, “De las injerencias arbitrarias en el domicilio, vida privada y familia”.
Así también, habló del artículo 13, “De la libertad de circular libremente”, y de los derechos de la Convención de DDHH, artículos: 5, “Derecho a la integridad personal"; 8, “De las garantías judiciales”, y 22, “Del derecho a la circulación libre”.
EL CASO. Anderson Medina sufrió en el 2012 una herida de bala en la columna, por la cual se sindica como responsable a Narciso Cañete. El joven quedó con graves secuelas de por vida.
Cañete fue condenado en dos instancias, pero no se sometía a la prisión preventiva. Recién a partir del año pasado el oficial se encuentra en prisión en la Agrupación Especializada, condenado a siete años de cárcel.
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El padre de Anderson presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra los jueces Zunilda Martínez Noguera, Haydée Barboza y Milciades Ovelar por dilatar la entrada en prisión del uniformado policial.