14 abr. 2026

Gatillo Fácil: Presentan demanda contra el Estado paraguayo ante la CIDH

Una denuncia fue presentada ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado paraguayo por violencia de los DDHH en el caso de Anderson Medina y su familia. El joven fue víctima de gatillo fácil en el 2012.

La abogada defensora, Noemí Barreto, señaló que la denuncia fue realizada la semana pasada por violencia de los derechos humanos (DDHH) consagrados en la Convención Americana, a petición de don Alberto Medina, padre de Anderson Medina, víctima de gatillo fácil.

Barreto mencionó a Última Hora que se pretende que el Estado repare los daños causados en las diligencias del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Además, pide que se garanticen los derechos de Medina y su familia, ya que supuestamente son objeto de amenazas por parte del policía Narciso Cañete.

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Para la abogada, la familia Medina fue violada en sus derechos explícitos de la Declaración Universal de DDHH en los artículos: 3, “Derecho de la libertad y seguridad de las personas"; 5, “De la prohibición de tratos crueles e inhumanos o degradantes"; 10, “Del derecho a ser oídos públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial”, y 12, “De las injerencias arbitrarias en el domicilio, vida privada y familia”.

Así también, habló del artículo 13, “De la libertad de circular libremente”, y de los derechos de la Convención de DDHH, artículos: 5, “Derecho a la integridad personal"; 8, “De las garantías judiciales”, y 22, “Del derecho a la circulación libre”.

EL CASO. Anderson Medina sufrió en el 2012 una herida de bala en la columna, por la cual se sindica como responsable a Narciso Cañete. El joven quedó con graves secuelas de por vida.

Cañete fue condenado en dos instancias, pero no se sometía a la prisión preventiva. Recién a partir del año pasado el oficial se encuentra en prisión en la Agrupación Especializada, condenado a siete años de cárcel.

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El padre de Anderson presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra los jueces Zunilda Martínez Noguera, Haydée Barboza y Milciades Ovelar por dilatar la entrada en prisión del uniformado policial.

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