La futura titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ingeniera Claudia Centurión, estará impedida de firmar contratos que involucren a la empresa Jiménez Gaona y Lima, constructora ligada al ex presidente Horacio Cartes, y donde la próxima secretaria de Estado trabajó hasta hace unos días.
El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, detalló las normas que se refieren al caso, que señalan impedimentos de dos y tres años. Explicó que la empresa Jiménez Gaona y Lima no tendría ningún inconveniente para competir en las licitaciones, pero “la situación es diferente cuando la futura ministra tenga en sus manos una decisión que involucra a la empresa donde estaba”.
“Como abogado, tuve clientes que tuvieron casos en Contrataciones Públicas, y lo que yo hacía y sigo haciendo es apartarme del caso donde un ex cliente participe. En la ley anterior 2051 no había ninguna disposición clara al respecto. Cuando ingrese en el año 2018 presenté una nota a la Secretaría Anticorrupción y le pregunté si le parecía adecuado, por una cuestión ética, que me separe o inhiba de los casos en los cuales estén involucrados alguna persona o empresa que haya sido mi cliente alguna vez como abogado, sin importar hace cuánto, por qué monto ni con qué frecuencia. La Secretaría Anticorrupción me dijo ‘es lo adecuado’”, declaró Seitz.
En efecto, añadió que la normativa paraguaya actual determina impedimentos para contratar con el Estado por dos y tres años (ver infografía). Por un lado, la Ley Nº 7089, que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública estipula que los funcionarios deben abstenerse de tomar intervención en los asuntos que involucren a personas físicas o jurídicas donde haya prestado servicios profesionales. La Ley Nº 7021, De suministro y Contrataciones Públicas dispone que la situación genera un conflicto de interés.
Abstención. En este sentido, la diputada Kattya González enfatizó que existen deberes de abstención para los funcionarios, precisamente, para determinadas conductas “que colisionen con intereses”, “para actuar no en representación de intereses personales o de parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, sino el interés de la nación”.
Además, González aseveró que la designación de Centurión “es un caso de puertas giratorias de 360 grados, porque ella viene del sector privado, entra al sector público, sale del sector público y va de nuevo al privado, y ahora regresa al sector público”. “Su caso amerita, cuanto menos, la atención de la Contraloría General de la República”, expresó la legisladora.
A propósito, el MOPC tiene contrato con un consorcio donde participa Jiménez Gaona y Lima SA, por G. 151.247.999.999, por la construcción del Gran Hospital de Coronel Oviedo, y Centurión había firmado el documento.
Otro caso más
No solamente el anuncio del nombramiento de Claudia Centurión al frente de Obras Públicas genera cuestionamientos por su pasado reciente vinculado al ex presidente, Horacio Cartes, y sus empresas, sino también el del economista, Carlos Fernández Valdovinos, presidente del banco Basa y futuro ministro de Hacienda. Ambas personas ya fueron funcionarios, del MOPC y del Banco Central, respectivamente, en el gobierno anterior.
