09 ago. 2025

Funcionarios judiciales a la cárcel tras imputación por falsificar fallos

Juez Matías Garcete decretó la prisión preventiva de los dos procesados. Formaban parte de una red que falsificaba las resoluciones judiciales para limpiar los antecedentes de los demandados.

25474481

Operativo. El funcionario del Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Segunda Sala, Randolf Gaona, tras ser detenido.

gentileza

Los dos funcionarios judiciales que fueron detenidos el pasado viernes, tras varios allanamientos, tienen prisión preventiva dictada por el juez de Garantías Matías Garcete, tras ser imputados por la fiscala Irma Llano.

Los afectados por la resolución son el ujier del Tribunal de Apelación Civil Randolf Carlos Daniel Gaona Presentado, y el funcionario judicial de Caacupé Raúl Guerrero Ugarte, quienes comparecieron el mediodía de ayer ante el magistrado de guardia.

El juzgador dispuso la prisión preventiva de ambos, quienes estarán diez días en el Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional y, si no existe una orden en contrario, deberán pasar a un centro penitenciario.

Gaona Presentado fue asistido por el defensor Público Delio Vera, mientras que Guerrero por un abogado privado. Ambos solicitaron las medidas alternativas a la prisión preventiva al juez.

La fiscala Irma Llano imputó a ambos por los presuntos delitos de alteración de datos mediante sistemas informáticos, producción de documentos no auténticos, acceso indebido a sistemas informáticos, uso de documentos no auténticos y manipulación de graficaciones técnicas.

La agente del Ministerio Público, teniendo en cuenta la cantidad de hechos punibles investigados y la gravedad de los hechos, solicitó la prisión preventiva de los dos encausados.

FALSIFICACIÓN. Según la imputación del Ministerio Público, la Dirección de Expedientes Electrónicos detectó las resoluciones irregulares, por lo que de inmediato se puso a conocimiento del presidente de la Corte, César Diesel, que pidió a la Fiscalía la intervención.

Supuestamente, los mismos falsificaban fallos judiciales, incluso con el código QR, de juzgados de Cordillera, Central y de la localidad de San Juan Nepomuceno.

Los imputados a través de una plataforma y una herramienta crearon resoluciones falsificadas con código QR, que remitían a una página que no era del Poder Judicial.

Las siete resoluciones detectadas supuestamente finiquitaban juicios, por lo que con ellos los interesados los llevaban a Informconf para limpiar sus antecedentes crediticios. Además, también se detectó un certificado de trabajo apócrifo.

En los allanamientos se incautaron CPU, varias documentaciones y un arma de fuego, inclusive. Las documentaciones serán peritadas.

No se descartan más involucrados La fiscala Irma Llano, que encabeza las investigaciones, no descartó que existan más involucrados en la causa, teniendo en cuenta que las resoluciones fueron utilizadas para limpiar los antecedentes de varias personas. Con ello, continúan las pesquisas y se espera que con las documentaciones incautadas se llegue a otros miembros de la red. Además de Llano, también estuvieron en los allanamientos las fiscalas Alba Delvalle, Silvana Otazú, Ruth Benítez y Benjamín Vera, todos coadyuvantes.

Más contenido de esta sección
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, afirmó que la operación no responde a una alerta ni a una amenaza específica, sino que se enmarcó en una planificación para descomprimir la cárceles.
La Sala Penal de la Corte redujo de 20 a 19 años de cárcel la pena de un hombre que mató a una despensera para robarle. El hecho se registró el 25 de setiembre de 2018. El condenado había sido capturado una semana después, en un motel de Lambaré.
El farmacéutico imputado por el caso de la muerte de la joven María Fernanda Benítez, de 17 años, fue beneficiado con el arresto domiciliario por el juez de Garantías de Coronel Oviedo, tras la revisión de medidas. Según la imputación, había vendido los medicamentos abortivos al adolescente imputado por el crimen.
La Corte rechazó la recusación que planteó la defensa del condenado Raúl Fernández Lippmann, ex secretario del JEM, contra los camaristas Arnulfo Arias y Digno Arnaldo Fleitas. Pese a que su condena fue ratificada por el Máximo Tribunal, sigue sin cumplir su pena de siete años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El Tribunal de Sentencia fijó para el próximo 8 de octubre, al mediodía, el inicio del juicio oral y público contra la odontóloga, el anestesista y el endodoncista acusados de la muerte de la niña Thirza Belén Portillo, durante una intervención odontológica en el 2021.
Con varias declaraciones testificales, siguió esta mañana el juicio oral contra Juan Sebastián Coronel, encargado del Centro Cultural La Chispa, acusado por supuesta contaminación del aire y ruidos dañosos, ante el Tribunal de Sentencia. La defensa anunció que ofrecerá como testigo a la ministra de Cultura, Adriana Ortiz Semidei.