05 jul. 2026

Funcionarios judiciales a la cárcel tras imputación por falsificar fallos

Juez Matías Garcete decretó la prisión preventiva de los dos procesados. Formaban parte de una red que falsificaba las resoluciones judiciales para limpiar los antecedentes de los demandados.

25474481

Operativo. El funcionario del Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Segunda Sala, Randolf Gaona, tras ser detenido.

gentileza

Los dos funcionarios judiciales que fueron detenidos el pasado viernes, tras varios allanamientos, tienen prisión preventiva dictada por el juez de Garantías Matías Garcete, tras ser imputados por la fiscala Irma Llano.

Los afectados por la resolución son el ujier del Tribunal de Apelación Civil Randolf Carlos Daniel Gaona Presentado, y el funcionario judicial de Caacupé Raúl Guerrero Ugarte, quienes comparecieron el mediodía de ayer ante el magistrado de guardia.

El juzgador dispuso la prisión preventiva de ambos, quienes estarán diez días en el Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional y, si no existe una orden en contrario, deberán pasar a un centro penitenciario.

Gaona Presentado fue asistido por el defensor Público Delio Vera, mientras que Guerrero por un abogado privado. Ambos solicitaron las medidas alternativas a la prisión preventiva al juez.

La fiscala Irma Llano imputó a ambos por los presuntos delitos de alteración de datos mediante sistemas informáticos, producción de documentos no auténticos, acceso indebido a sistemas informáticos, uso de documentos no auténticos y manipulación de graficaciones técnicas.

La agente del Ministerio Público, teniendo en cuenta la cantidad de hechos punibles investigados y la gravedad de los hechos, solicitó la prisión preventiva de los dos encausados.

FALSIFICACIÓN. Según la imputación del Ministerio Público, la Dirección de Expedientes Electrónicos detectó las resoluciones irregulares, por lo que de inmediato se puso a conocimiento del presidente de la Corte, César Diesel, que pidió a la Fiscalía la intervención.

Supuestamente, los mismos falsificaban fallos judiciales, incluso con el código QR, de juzgados de Cordillera, Central y de la localidad de San Juan Nepomuceno.

Los imputados a través de una plataforma y una herramienta crearon resoluciones falsificadas con código QR, que remitían a una página que no era del Poder Judicial.

Las siete resoluciones detectadas supuestamente finiquitaban juicios, por lo que con ellos los interesados los llevaban a Informconf para limpiar sus antecedentes crediticios. Además, también se detectó un certificado de trabajo apócrifo.

En los allanamientos se incautaron CPU, varias documentaciones y un arma de fuego, inclusive. Las documentaciones serán peritadas.

No se descartan más involucrados La fiscala Irma Llano, que encabeza las investigaciones, no descartó que existan más involucrados en la causa, teniendo en cuenta que las resoluciones fueron utilizadas para limpiar los antecedentes de varias personas. Con ello, continúan las pesquisas y se espera que con las documentaciones incautadas se llegue a otros miembros de la red. Además de Llano, también estuvieron en los allanamientos las fiscalas Alba Delvalle, Silvana Otazú, Ruth Benítez y Benjamín Vera, todos coadyuvantes.

Más contenido de esta sección
El ex intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto fue beneficiado con las medidas alternativas a la prisión, por el juez de Crimen Organizado Osmar Legal, que interina a su colega Humberto Otazú. La resolución se dio en la causa conocida como Tajy, donde no se había podido realizar la audiencia de medidas cautelares.
La Sala Penal de la Corte ratificó la condena de 13 años de cárcel para Bonifacio Irala Amarilla, quien estuvo fugitivo por 19 años, hasta que finalmente en el 2024 se puso a disposición de la Justicia. El hombre mató de siete puñaladas a un agricultor tras discutir luego de un juego de truco.
El juez de Crimen Organizado Osmar Legal revocó las medidas alternativas y dispuso el arresto domiciliario con tobillera electrónica para la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, esposa del diputado Esteban Samaniego. Además, dispuso la misma medida para la madre del legislador, así como para otros cuatro procesados, por la evidencia de falta de voluntad de someterse al proceso.
El juicio oral por la quema de Colorado Róga continúa en Tribunales, contra la ahora única acusada, Vivian Genes, tras el sobreseimiento definitivo de los tres coprocesados en la causa. Declaró una compañera de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
Lo que se inició como un pedido de informe de la Cámara de Diputados sobre la cantidad de fallos firmes sobre indemnizaciones contra el Estado trajo una fuerte discusión entre los ministros, lo que se agravó cuando Víctor Ríos dijo en forma irónica la “Supersala Constitucional”, por lo que su colega Eugenio Jiménez, pidió que se testara esa palabra.
Porque no se presentó la abogada de uno de los acusados, se suspendió el juicio oral contra el general retirado Ramón Ernesto Benítez, ex titular del desaparecido Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave), y varios procesados más por supuesta coima y otros delitos.